El Ayuntamiento de Elche acabó 2018 sobrándole una cantidad de dinero «inusualmente elevada», como la calificó la concejala de Hacienda, Ana Arabid, que asciende a 22,5 millones de euros, lo que se debe principalmente a que el equipo de gobierno solo ejecutó la mitad de las inversiones que prometió en el presupuesto municipal (22 millones), además de tener otros ingresos extra que no estaban planificados y que tuvieron que ver con la regularización catastral del Gobierno central (alrededor de diez millones, aunque la cifra exacta no pudo ser confirmada ayer en la comisión de Hacienda), junto a otras aportaciones del Estado que fueron superiores a las previstas. Y ayer, el equipo de gobierno «vendió» la puesta en marcha de un plan extraordinario de inversiones con todo ese dinero que quedó sin gastar el año pasado pero sin precisar nada.

Esos 22,5 millones de euros, que han pasado a formar parte del remanente de Tesorería, han puesto en evidencia el atasco que registró el departamento de Contratación y Hacienda para dar salida a los proyectos previstos en el presupuesto. La edil Arabid cifró en sólo un 51% la ejecución del presupuesto de inversiones el pasado año. El otro sobrante importante tiene que ver con el incremento del IBI que trajo la regularización catastral. Sin embargo, este dinero, tal y como incidió la edil de Hacienda, no se pudó destinar a una rebaja del impuesto, tal y como reclamaba la oposición a final de año, para no rebasar el techo de gasto establecido por el Gobierno central.

Al término de la comisión y tras conocerse esos 22,5 millones en remanentes, PP y Ciudadanos no tardaron en cargar contra la gestión del tripartito y le recriminaron la mala planificación de las cuentas municipales al no haber presupuestado bien los ingresos que iba a recibir de impuestos. Pero, sobre todo, aprovecharon para sacarle los colores por haber puesto en marcha solo la mitad de los proyectos que se aprobaron con el presupuesto de 2018.

Con este panorama inédito para el Ayuntamiento, el equipo de gobierno anunció ayer un plan extraordinario de inversiones de 22,5 millones de euros porque de no utilizar ese sobrante, una gran parte irá a parar al pago de la deuda a los bancos. Algo que ya dieron por hecho ayer desde la oposición.

A contrarreloj en 2019

Para que ese millonario remanente pueda repercutir en mejoras para la ciudad (conocidas como inversiones financieramente sostenibles) y no ir a seguir amortizando deuda, primero el Gobierno central, en plena campaña electoral tendría que dar su visto bueno a través de un decreto. No obstante, en la medida que esto se concreta, Hacienda ya anunció ayer, a contrarreloj y a falta de dos meses para las municipales, que quiere poner en marcha un segundo plan extraordinario de inversiones para destinar esos 22,5 millones a inversiones pendientes del proyecto de presupuesto de 2019 (que ni se aprobó). Para ello primero tendría que concretar cuáles serían, después consensuarlas con la oposición y, por último, llevarlas a pleno. Todo antes del 26 de mayo, cuando concluye el mandato.

De cualquier manera, la edil Ana Arabid aseguró ayer que el año acabó con el 80% de las inversiones en tramitación, aunque solo ese 51% fueron una realidad. También defendió que «parte» de los once millones de las inversiones pendientes de ejecutar, podrán ser una realidad en 2019 porque están financiadas con préstamos y la partida pasa al año siguiente. Aseguró, de este modo, que el argumento de que puedan ir a parar a los bancos, tal y como defiende la oposición, es falso.

Si bien, desde el PP, su portavoz adjunto, Vicente Granero, también recordó que el superávit de 2017 alcanzó los 2,6 millones de euros, que podrían haber ido a inversiones sostenibles, de los cuales la mitad no se ha gastado todavía y por tanto se destinará obligatoriamente a pagar a los bancos.