21 de marzo de 2019
21.03.2019

Orihuela se adhiere a Anticorrupción y defiende las escuchas telefónicas del Brugal

El abogado del Consistorio afirma que "el objeto de la investigación no ha sido alterado en ningún momento"

21.03.2019 | 14:24
Un momento del primer día del juicio del caso 'Brugal'

La acusación particular que ejerce el ayuntamiento de Orihuela en el juicio por la presunta trama por el contrato de las basuras de la ciudad, origen del 'caso Brugal', se ha adherido a la posición de la fiscalía Anticorrupción y ha defendido la validez de las intervenciones telefónicas.

El abogado que representa al consistorio oriolano (única acusación particular), Miguel Porras, ha tomado hoy la palabra durante algo menos de dos horas ante el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante para contestar a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 34 enjuiciados, entre ellos los alcaldes del PP José Manuel Medina y Mónica Lorente y el industrial Ángel Fenoll.

Frente al alegato de las defensas para pedir la nulidad de las escuchas y contra el prolongado secreto de sumario, entre 2007 y 2010, el abogado del ayuntamiento de Orihuela ha pedido al tribunal que se celebre el juicio "con todos los hechos y pruebas (practicadas) durante la instrucción".

Para este letrado, el objeto de la investigación no ha sido alterado en ningún momento pese a lo prolongado de la fase de investigación, ya que se refiere a "una empresa (en referencia a la de Ángel Fenoll) que intenta proteger su posición en el ayuntamiento de Orihuela a toda costa, incluso con actuaciones que pudieran ser delictivas".

Tras la posición de Porras, las sesiones se suspenden hasta el próximo 7 de mayo, cuando está previsto que empiecen a declarar los 34 enjuiciados, el primero de ellos el empresario Fenoll.

Este presunto amaño en la contrata de la recogida de residuos de Orihuela fue el origen del 'caso Brugal', que afectó a toda la provincia y que se desgajó en 17 piezas separadas instruidas por diferentes juzgados alicantinos. Entre ellas, las relativas al PGOU de Alicante, con los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz como investigados, y el plan zonal de residuos de la Vega Baja, con el expresidente popular de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll encausado.

En la de las basuras de Orihuela, el fiscal pide 12 años de prisión para el exalcalde Medina, 8 para su sucesora Lorente y 37 años y 8 meses para el industrial Fenoll.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular Medina.

De los 34 enjuiciados, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los referidos Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Según Anticorrupción, Fenoll destapó el caso al creer que no se le iba a adjudicar el contrato de basuras de Orihuela pese a que había conformado una presunta trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".

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