La Fiscalía defendió ayer con firmeza la legalidad de las escuchas que sustentan el caso Brugal tras el intento de las defensas de invalidadar las principales pruebas incriminatorias. El juicio de la trama que investiga un supuesto amaño de la contrata de basuras de Orihuela desde el año 2006 se reanudó ayer en la Sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, con la respuesta de la Fiscalía a las cuestiones previas planteadas por la defensa de los 34 acusados de la trama. Todos pidieron la anulación de las escuchas por vulnerar derechos fundamentales de los implicados y no ajustarse a derecho, y entre los que destacan el empresario Ángel Fenoll y los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente.

Unos extremos que negó la Fiscalía Anticorrupción, que fue contestando uno por uno a las intervenciones de los letrados durante el pasado 5 y 6 de marzo, después de haber solicitado al tribunal una semana más para preparar su respuesta, prevista inicialmente para el 13 y el 14 de este mes. El Fiscal Pablo Romero lo repitió hasta la saciedad: «la instrucción del caso fue escrupulosa, perfectamente legal y garantista para las partes», señaló al inicio de la sesión, después de afear a las defensas que trataran de tirar por tierra todo el trabajo realizado durante años por parte de los jueces instructores, los organismos policiales que realizaron el seguimiento de las escuchas telefónicas y la propia Fiscalía Anticorrupción. «Igual que existe el principio de presunción de inocencia, no se puede partir el juicio con que todo el trabajo realizado por la instrucción es irregular», añadió Romero.

Para probarlo, Anticorrupción también añadió a la causa la sentencia dictada hace tan solo unas semanas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, en la que el tribunal validó estas mismas escuchas iniciales en la rama del Brugal sobre la estafa de la empresa de automoción Autisa. Otra de las cuestiones a las que respondió la Fiscalía fue la defensa de que las intervenciones telefónicas no fueron prospectivas, como señaló la defensa al plantear las cuestiones previas. Es decir, no se ordenaron para destapar delitos sino para comprobar los indicios de los investigadores de que se estaban produciendo irregularidades económicas, políticas y otras actividades delictivas. En cuanto a las cuatro grabaciones que dieron origen a la causa, y que fueron las aportadas por el principal acusado del Brugal, Ángel Fenoll -la Fiscalía pide para él 37 años de prisión-, Romero defendió que son legales, ya que fueron realizadas por el propio empresario, que era parte de las conversaciones grabadas, y por lo tanto la ley contempla su legitimidad. También lo serían aquellas recogidas por los sistemas de grabación instalados por el empresario a través de detectives y especialistas, y que fueron recogidas por la Policía durante la entrada y registro en su vivienda, porque «la jurisprudencia establece que basta con una autorización de una de las partes implicadas en la conversación» para legitimar la grabación.

La exalcaldesa de Orihuela,Mónica Lorente pidió la dispensa al tribunal para acudir al sepelio tras el fallecimiento de un familiar. Medina también se ausentó en la sesión de la tarde, por una enfermedad, según alegó su letrado.

«Las grabaciones están editadas, pero no se han manipulado»

El fiscal defiende que tan solo se han cambiado de soporte, pero en ningún caso se ha alterado su contenido

Uno de los argumentos de las defensas de los 34 acusados del Brugal para tratar de invalidad los pinchazos telefónicos es que estas habían sido editadas, modificadas y no son un fiel reflejo de las conversaciones que reproducen. El fiscal Anticorrupción Pablo Romero, también respondió ayer a estas cuestiones. Y lo hizo desde varios frentes. En primer lugar rechazó la sentencia aportada por uno de los letrados de la defensa que supuestamente invalidaba las escuchas. «La sentencia (de un Penal de Orihuela), dice lo que dice: que las transcripciones a la prensa estaban manipuladas. No dice que la grabación lo sea, solo habla de la trascripción que le se da a la prensa». También se refirió al hecho de que no se tenga el soporte original, y que la edición de la que se habla en las investigaciones se refiere al volcado a otros soportes. «Editar es publicar algo, tratarlo para pasarlo de un soporte a otro. El contenido de las conversaciones no se ha manipulado ni alterado, como consta en los autos y en las investigaciones policiales», resaltó Romero. Para reforzar esta tesis, aludió a que de los «múltiples» recursos de reforma y de apelación planteados por los enjuiciados durante los últimos años solo se ha admitido uno y no por su irregularidad, sino para ampliar un plazo para estudiar unas diligencias.

También señaló el informe pericial que analizó las grabaciones aportadas por Fenoll y que dieron origen a la causa, que señalaban que en «los cuatro CDs no se observan indicios de alteración posterior» a la grabación.

Por último, la Fiscalía también rebatió que no se realizaran investigaciones más allá que las conversaciones, como señaló la defensa, y recalcó que sí se investigó el patrimonio de algunos de los encausados para comprobar si había alteraciones por enriquecimientos ilícitos.