El juicio del caso Brugal que investiga el supuesto amaño de la contrata de basuras de Orihuela se ha retomado esta mañana en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. Hoy es el turno de respuesta del Ministerio Público a las cuestiones previas planteadas por las defensa de los 34 acusados en el procedimiento, quienes pidieron invalidad las escuchas al vulnerar los derechos fundamentales de los procesados. La primera intervención del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, ha sido para aportar a la causa la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que en otra de las ramas del Brugal validaba las escuchas y declaraba su legalidad. Las defensas han aceptado la incorporación de esta sentencia a la causa, no sin antes recordar que no se trata de una sentencia firme y que aún hay margen para recurrirla.
La intervención del Ministerio Público se ha centrado a partir de ese momento en demostrar que, en contra de lo que expusieron las defensas en las anteriores sesiones celebradas el pasado 5 y 6 de marzo, las escuchas telefónicas se ordenaron para comprobar indicios delictivos y no fueron prospectivas. El fiscal ha defendido que ya había indicios de hechos delictivos desde que el empresario Ángel Fenoll, para quien pide 32 años de prisión, aportó de forma voluntaria unas conversaciones que recogían supuestas conductas delictivas, por lo que los pinchazos se ordenaron para comprobar estos indicios. También ha negado, como señalaron los letrados de la defensa en las sesiones anteriores, que no se hiciera ninguna otra diligencia de investigación para comprobar esas irregularidades, y ha aludido directamente a investigaciones relacionadas con el exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina, quien habría recibido una cantidad de dinero relacionada con esos amaños.
El juicio continuará durante toda la jornada de hoy, también por la tarde, y previsiblemente mañana.
Mónica Lorente, ausente
La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, otra de las principales procesadas de la causa para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión, ha pedido la dispensa para poder ausentarse de la sesión de hoy debido al fallecimiento de un familiar, con el fin de poder acudir al sepelio. El tribunal le ha concedido la dispensa, y no se incorporará al juicio hasta esta tarde o ya durante la jornada de mañana.
Cuestiones previas
Los intentos de los abogados de las defensas para anular las escuchas telefónicas en las que se basa la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular para sentar en el banquillo a 34 personas por la pieza del caso Brugal que investiga desde 2006 la adjudicación del contrato de la basura en Orihuela centraron el pasado 5 y 6 de marzo la primera sesión, dedicada a las cuestiones previas de una macrocausa que se juzgará a lo largo de todo el año en la sección VII de la Audiencia, en Elche. Con un despliegue de medios que obligó a habilitar una sala para seguir la vista, el principal objetivo de los letrados, según se pudo ver ayer, es invalidar la que consideran la principal prueba de la acusación, lo que dejaría a la Fiscalía Anticorrupción sin prácticamente argumentos que demuestre los delitos que se le imputan a los implicados: fraude, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, revelación de secretos, extorsión y coacciones en grado de tentativa.
La petición de invalidar las escuchas era previsible porque se lleva años anunciados por los abogados, prácticamente desde 2010, cuando se levantó parcialmente el secreto de sumario. El letrado que más se extendió en su intervención para fundamentar los motivos por los que declararlas nulas fue el del principal acusado, Ángel Fenoll, para quien el Ministerio Público pide 37 años de prisión. Mariano Bo expuso durante una hora cómo, a su juicio, estos pinchazos telefónicos se habían realizado «de forma contraria a derecho y con la finalidad de realizar una investigación prospectiva». Es decir, que las escuchas se ordenaron «para averiguar delitos, no para comprobarlos», ya que no había indicios, sostuvo el letrado, de los delitos que se le imputan y que justificaron esas intervenciones telefónicas durante más de tres años.
