La subida del precio de los alquileres en Elche está poniendo al Ayuntamiento en serias dificultades para ofrecer viviendas sociales a personas en riesgo de quedarse sin techo al ser desahuciadas. Una realidad que sigue afectando a las familias, de hecho, cada día un ilicitano se ve con un pie en la calle.
El repunte imparable del valor del mercado inmobiliario está haciendo que Bienestar Social no encuentre pisos por menos de 400 euros, tal y como ayer reconoció la concejal del área, Tere Macià, lo que supone todo un obstáculo para la Administración local a la hora de ofrecer un techo a las 700 personas que de manera anual tocan la puerta de los Servicios Sociales en busca de un alojamiento más barato que los que ofrece el mercado. De hecho, la falta de ofertas de alquiler lleva un tiempo lastrando a los estudiantes y empujándolos a vivir fuera de Elche durante el curso.
Tanto es así que el Ayuntamiento busca de forma urgente casa para una decena de familias, tras detener 17 desahucios en tan solo dos meses y haber podido solucionar, por el momento, tan solo siete casos, ya que las viviendas cedidas al Ayuntamiento por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ya están ocupadas. A la falta, hoy por hoy, de pisos sociales, se suman al menos, cuatro familias que están a la espera de ser desalojadas con órdenes inminentes por impagos de alquiler o hipoteca, según cifra la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La subida de los precios, ante lo que ya se conoce como la «burbuja del alquiler», que afecta de forma generalizada en todo el país, ha obligado a Servicios Sociales a aumentar las ayudas de los alquileres, que era de 300 euros y a tener que mediar con un seguro municipal para pagar a los propietarios, en caso de impagos.
Aún así, encontrar alquileres más asequibles y por debajo de 400 euros está siendo una misión imposible en Elche, tal y como lamentó la edil Tere Maciá .
Las circunstancias actuales han hecho que Bienestar Social busque entre todas las alternativas posibles, principalmente para dar respuesta a las personas que se encuentran en una situación de extrema urgencia. Como ejemplo, Servicios Sociales busca convenios con asociaciones benéficas que disponen de pisos sociales o trata de buscar acuerdos con las entidades bancarias para lograr precios más asequibles, reestructuración de la deuda o daciones en pago. Otra de las iniciativas que tiene en marcha el Ayuntamiento ilicitano es la bolsa de alquiler solidario, impulsada hace más de un año, con la que 14 propietarios ha querido ofrecer viviendas vacías a Servicios Sociales, a cambio de un alquiler más barato.
Los recursos municipales
Bienestar Social cuenta con cuatro viviendas municipales, rehabilitadas este mandato, dos de ellas se destinan a un proyecto de emancipación juvenil, otra de ellas se destina a piso de emergencia para familias desahuciadas hasta encontrarle una solución habitacional y otra de las casas se usa como piso compartido para personas que viven solas y que está tutelado por personal de Bienestar Social.
Por otra parte, de las siete viviendas que el Ayuntamiento adquirió del «banco malo» o la Sareb, tres ya han sido cedidas a familias con rentas bajas, y las otras cuatro, que estaban okupadas cuando el Consistorio se hizo con ellas, sus inquilinos ya han podido regularizar su situación para alojarse legalmente.
Las cifras
- El Ayuntamiento de Elche logró cerrar el año pasado 14 acuerdos con los bancos para ofrecer alquileres sociales a familias con rentas bajas o que habían sido desahuciadas por impagos.
- Bienestar Social medió en 2018 con 48 particulares propietarios de viviendas para regularizar la situación de familias que habían okupado los pisos o que no estaban al corriente del pago.
- Servicios Sociales realizó en 2018 14 contratos de alquiler social, gracias a la campaña para captar viviendas vacías por las que los dueños las ofrecen al Ayuntamiento a cambio de un alquiler más barato.
- Un total de 338 pesonas pidieron el año pasado ayuda a Servicios Sociales para detener un proceso judicial relacionado con el impago de hipotecas, alquileres, viviendas ocupadas y otros problemas.
