09 de marzo de 2019
09.03.2019

Frente común de empresarios y dueños de embarcaciones contra la prohibición de fondear en Tabarca

Confusión y desconcierto al contradecir el Ayuntamiento de Alicante la orden del Ministerio que blinda toda la reserva marina de motos de agua y de barcos

09.03.2019 | 12:34

Más de setenta empresarios y usuarios de embarcaciones y motos acuáticas de la provincia presentarán de forma colectiva un recurso contencioso administrativo contra la reciente orden del Ministerio de Pesca y Agricultura que impide el fondeo de embarcaciones y las motos de agua en Tabarca. Todo ello en mitad de una confusión total entre las administraciones, al contradecir el Ayuntamiento de Alicante la orden de la directora de Recursos Pesqueros que de forma tajante blinda toda la reserva marina de la isla.

Los afectados decidieron ayer en una asamblea celebrada de urgencia en Santa Pola crear un frente común contra el cierre de Tabarca al fondeo de barcos y motos de agua. Ante la Audiencia Nacional se van a dirigir antes del 7 de abril para pedir la suspensión temporal de la orden ministerial que entró en vigor el 8 de febrero. Representantes del gremio de pescadores deportivos, asociaciones de hosteleros de la provincia, el Club Náutico de Santa Pola, vecinos de Tabarca y dueños de embarcaciones acordaron sumarse al recurso por las pérdidas económicas que ya auguran algunos sectores con esta limitación.

Están decididos a pelear en la vía jurídica ante una orden, que, si bien, sigue generando muchas dudas por el alcance que pueda tener. Y más aún después de que el Consistorio alicantino insistiera ayer en un comunicado en que nada ha cambiado respecto a la circulación vigente en cuanto al fondeo de embarcaciones y motos de agua en las zonas del puerto y de la playa de la isla.

El Ayuntamiento se ampara en que la orden del Ministerio afecta «exclusivamente a la parte de aguas exteriores» y que la competencia de regular las aguas interiores es de la Comunidad Valenciana. Una interpretación que dista mucho de lo que la directora general de Recursos Pesqueros, Isabel Artime, dijo en un escrito emitido el 4 de marzo. Fue contundente, «la prohibición de las motos de agua no solo afecta a la reserva integral del Bajo de la Llosa (uno de los islotes), sino a toda la reserva marina de la isla».

Lo justificó en la necesidad de proteger la isla de la contaminación acústica que se produce. Respecto al fondeo de las embarcaciones, la directora general de Recursos Pesqueros también fue clara. Volvió a hablar de «prohibición a toda la reserva de la isla de Tabarca», debido a que las anclas y las cadenas que arrastran por el fondo marino causan «un impacto directo en los recursos pesqueros e indirecto por el grave daño que provocan en los fondos cubiertos por la posidonia oceánica, una especie que goza de protección a nivel europeo».

Las motos, las más perjudicadas

En vista a las dudas sembradas por los argumentos de cada administración, los afectados remitirán en los próximos días de nuevo al Ministerio de Agricultura y Pesca que aclare si finalmente sólo se verán afectadas las aguas exteriores, aunque insisten en seguir adelante con este recurso porque aún y así resultan perjudicados los usuarios de motos acuáticas que no podrán dar la vuelta completa a la isla, como sí podían hasta hace unos días, por el ruido que producen.

Los colectivos afectados insisten, además, en que la decisión se ha tomado de manera arbitraria sin audiencia de todos estos movimientos a las partes interesadas en lo que consideran una «violación de derechos fundamentales», por lo que plantean, además, crear un colectivo de afectados por la determinación estatal. A esta iniciativa se suman varias entidades como la asociación de vecinos de Tabarca, desde donde señalaban ayer en este encuentro que la limitación de embarcaciones será un perjuicio para el turismo de la villa marinera.

Por otro lado, desde el Club Náutico de Santa Pola sostienen que han mantenido estos días una reunión con el Consistorio de la villa marinera y también con técnicos del Grupo de Acción Local Bahía de Santa Pola, desde donde entienden que la aplicación de esta orden será para aguas exteriores porque ya hay un proyecto en trámite del gobierno autonómico para regular el fondeo en aguas interiores.

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