El juicio por la pieza del caso Brugal que investiga irregularidades en la contrata de las basuras de Orihuela, entre otros asuntos, dio ayer por finalizada las exposiciones de las cuestiones previas planteadas por los 23 abogados de las defensas, con las que pretenden conseguir la nulidad de las actuaciones que dieron origen a la investigación por indefesión de sus clientes y vulneración de sus derechos al considerar que los "pinchazos" telefónicos a los que estuvieron sometidos, algunos hasta 39 meses consecutivos, son nulos. Aunque la causa se tenía que reanudar la semana próxima con la contestación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que con toda seguridad se opondrá a la misma, los dos representantes del Ministerio Público, Felipe Briones y Pablo Romero, han solicitado retrasar su comparecencia hasta los días 20 y 21, cuando iba a ser el turno de la otra acusación, la particular, que representa al Ayuntamiento de Orihuela.
Los tres magistrados de la sección VII que componen la sala de la Audiencia tendrán hasta el 7 de mayo para deliberar sobre la peliaguda cuestión que se ha planteado por las defensas y resolver. Es decir, que si entienden que las defensas tienen razón podrían dar por finiquitado este asunto o, en cambio, dejar para la sentencia su respuesta sobre todas estas cuestiones que afectan a la forma del proceso, no al fondo, que son los delitos que se investigan. Diversas fuentes consultadas por este diario consideran que esto último será lo que ocurra, que ese día 7 de mayo comience la vista que está previsto concluya a final de año, según el calendario inicialmente previsto que cuenta con más de 90 sesiones aunque algunas, como se está viendo, se están eliminando. Ya ocurrió en febrero con la lectura de los escritos de acusación (más de 100 folios) y de las respectivas defensas (para 34 acusados), a los que todos renunciaron, y ahora ha pasado con las dos jornadas de la semana próxima a las que tampoco será necesario asistir porque se han retrasado hasta ese 20 de marzo.
La nulidad de las intervenciones telefónicas con el argumento de que no estaban justificadas han centrado en estos dos días las peticiones de los abogados de los principales encausados en la supuesta trama de corrupción política y empresarial del contrato de recogida de las basuras de Orihuela (caso Brugal). La solicitud para anular esos pinchazos telefónicos efectuados por la Policía Nacional con autorización judicial ha centrado estas dos primeras sesiones.
La investigación de las presuntas ilegalidades en la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela destapó 17 piezas separadas sobre supuestas irregularidades en toda la provincia de Alicante, entre ellas las del plan zona de residuos de la Vega Baja y del PGOU de la ciudad de Alicante, con los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi (PP) como investigados.
Mariano Bo, abogado del principal encausado, el industrial oriolano Ángel Fenoll (se le piden más de 37 años), ha señalado que el "proceso está viciado de nulidad" al asegurar ante el tribunal de la sede ilicitana de la Audiencia Provincial de Alicante que las intervenciones telefónicas "carecen de motivación" ya que en un principio se justificaron en torno a las basuras de Orihuela pero muy pronto se convirtieron "en ver lo que caía en el saco de la investigación".
Para este letrado, se cayó en "rastreos preventivos" que vulneraron el derecho al secreto de las comunicaciones puesto que no se definieron previamente los delitos a perseguir, ya que los pinchazos y sus prórrogas se motivaron en el "cajón de sastre" que engloba la "corrupción política" pero sin citar delitos concretos, como pueden ser el cohecho, prevaricación o malversación.
"Eran escuchas que se iban retroalimentando", lo cual, ha señalado Bo citando diversa jurisprudencia, resulta "despropordcionado" e "inaudito".
El defensor del exalcalde oriolano José Manuel Medina (PP), Germán Guillén, ha coincidido en que "la causa está viciada de nulidad en su totalidad" y se ha adherido a las peticiones del abogado de Fenoll.
Además de los pinchazos, las defensas han puesto en duda el prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción, durante 36 meses desde la primavera de 2007 y 2010.
Este juicio a 34 acusados por la presunta trama de corrupción política y empresarial sobre el contrato de recogida y tratamiento de basuras de Orihuela, origen de la operación Brugal, se prolongará hasta finales de año.
La sesión ha comenzado a las 10.44 horas con estas cuestiones previas en la sala de vistas 10, que prácticamente se ha llenado con los 34 enjuiciados y los 25 abogados que les representan (algunos acusados comparten letrado).
Tras las cuestiones previas planteadas durante esta semana, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, contestará a las mismas entre el 13 y 14 de marzo, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Los días 20 y 21 de este mes será el turno de la acusación particular, que ejerce el ayuntamiento de Orihuela, mientras que las declaraciones de los acusados darán comienzo el 7 de mayo, entre ellos los citados Fenoll, que fue quien destapó el caso, y Medina y la también alcaldesa oriolana popular Mónica Lorente.
La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular Medina y de las 34 personas que se enjuician, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.
Para Medina, la fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho, para su sucesora Lorente 8 por fraude y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.
Sostiene que Fenoll, que destapó el caso al creer que no se le iba a adjudicar el contrato de basuras de Orihuela, conformó una presunta trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".
Entre las piezas separadas del Brugal surgidas a partir de las intervenciones telefónicas destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberán ser juzgados, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll- y la que indaga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital de la provincia.
En esta última figuran como investigados el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.
