Tropiezo con el edificio de El Progreso en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de València (TSJ) ha dictado la caducidad del contencioso que interpuso el Ayuntamiento contra la orden del Consell de proteger la fachada del inmueble centenario después de que Urbanismo concediera a la propiedad todos los permisos para tirar abajo el edificio y construir uno nuevo.

Al parecer, un fax está detrás del problema de comunicación entre los tribunales y la Administración local, lo que ha acabado paralizando el proceso judicial en los tribunales. Todo ello, cuando el inmueble de la plaza de la Constitución ha cumplido un año apuntalado por la diferencia de criterios de las dos administraciones públicas.

Después de que en julio el equipo de gobierno decidiera plantar batalla en los juzgados contra la resolución del Consell, el TSJ ha dado por vencido el plazo del Ayuntamiento para formalizar la demanda. La razón del tribunal de lo contencioso es que el Ayuntamiento no ha enviado los requerimientos que le realizó para completar el procedimiento judicial, por lo que ante la falta de información ha dictado la caducidad.

Frente a ello, los servicios jurídicos municipales ya han recurrido, al entender que se ha producido un error por parte del juzgado. Lo que ha hecho la Administración local es interponer un recurso de revisión, con fecha del 6 de febrero, amparándose en que el Ayuntamiento ha sufrido una indefensión porque todas las notificaciones que realizó el TSJ fueron a través de un fax que no existe desde hace años en el Consistorio ilicitano. Y es por ello por lo que desde julio no han tenido noticia alguna de los tribunales.

La Administración local dispone, por contra, de otros cauces para recibir las notificaciones, como es la plataforma lexnet, el correo ordinario o electrónico que, según el ejecutivo local, no se han utilizado en este caso por parte de la sala.

Eternizado

Ahora, tras el paso adelante que ha dado el Ayuntamiento, habrá que esperar a que el TSJ dictamine si el contencioso puede reanudarse, después de medio año desde que se interpuso. Un contencioso al que se sumó después, el pasado mes de octubre, la propiedad del inmueble interesada en tirar abajo el edificio para poder construir uno nuevo.

Pese a este traspiés, desde que el conflicto llegó a los tribunales ya amenazó con eternizarse. De momento, el lío con el inmueble centenario tendrá que resolverse en el TSJ y en caso de que las dos administraciones y los propietarios no lleguen a un acuerdo, en el que están en juego también las indemnizaciones que reclamen los dueños, el asunto podría tener que elevarse incluso al Supremo.

De ahí que la resolución sobre el futuro del inmueble centenario pueda alargarse al menos un lustro, según los plazos que manejan los abogados de la propiedad.

Mientras tanto y con el objetivo de desatascar la resolución, los propietarios han presentado al equipo de gobierno un proyecto alternativo para tratar de relanzar la construcción de un nuevo inmueble, pero respetando esta vez el estilo arquitectónico de la fachada. La propuesta de los dueños ya está siendo estudiada por el equipo de gobierno, que tendrá que decir si la ven viable o no para poder trasladarla a València.