La diputada de Compromís, Marian Campello, presentó ayer la proposición no de ley para instar al gobierno de España a impulsar una reforma del Código Penal que contemple como delito la persuasión coercitiva con el fin penar la captación de personas en sectas, para evitar casos como el de la ilicitana Patricia Aguilar, que fue liberada en verano del año pasado, tras un año y medio, de la secta que la llevó hasta Perú. La diputada estuvo acompañada por la portavoz de la familia de Patricia, Noelia Bru, quien defendió la necesidad de contar con leyes específicas para evitar que, como les pasó cuando denunciaron el caso de patricia, desde la Fiscalía «nos dijeron que entendían nuestras peticiones, pero no había nada en el Código Penal» para actuar legalmente.

Compromís también propone a las Cortes elaborar un estudio sobre la presencia de sectas en la Comunidad Valenciana, cómo operan para captar a sus víctimas y su ámbito territorial de actuación. Por último, desde la formación política proponen elaborar un protocolo de actuación dirigido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para abordar este tipo de casos, tanto para saber cómo abordar las denuncias, como para el trato de las víctimas. Según los datos que manejan desde la formación política, actualmente existen cerca de 350 grupos sectarios en España, de los que 50 están en la provincia de Alicante, ya que suelen concentrarse en el norte del país y en las zonas de costa, al tratarse de los territorios más poblados.«Pelea contra el sistema»

Bru explicó que, cuando denunciaron el caso de Patricia, «no solo tuvimos que pelear contra el falso gurú que la captó, sino también contra el sistema. Son muchas las pruebas que aportamos pero nada se podía hacer. Ni siquiera cuando encontramos pruebas de que intentaba captar a otra menor, que pensábamos que habíamos dado con la tecla, fueron suficiente. Nos decían que las pruebas estaban bien y demostraban muchas cosas pero no había ningún artículo del Código Penal» por el que se le pudiera imputar un delito.

Bru señaló que la causa judicial en Perú sigue abierta. De hecho Steven Manrique pidió salir en libertas y le fue denegada, acusado de un delito de trata de personas, que es de lo que se le ha podido acusar por retener a Patricia y a otras dos mujeres, ya que allí tampoco existe ningún artículo de su Código Penal que ataque a las sectas. También sigue abierta la causa que se abrió en el Juzgado de Instrucción 1 de Elche, aunque «lo más seguro es que se remita todo a Perú para que se juzgue todo junto y tenga más peso la acusación», concluyó Bru.