Cuatro años apuntalado tras un derrumbe y sin soluciones a corto y medio plazo. Así se encuentra el edificio de Carrús que sufrió un derrumbe a finales de abril de 2015 y que, desde entonces, está deshabitado. Allí vivían una decena de familias que tuvieron que buscar una alternativa ocupacional, ya que, por seguridad, no se puede acceder al inmueble sin una remodelación que, según contó ayer un vecino que vive en uno de los edificios colindantes, Iván Ruiz, los propietarios no pueden asumir. «De las diez familias que vivían allí, solo tres o cuatro eran propietarios. El resto eran okupas o gente que vivía de alquiler. Entre esas dos o tres personas no pueden asumir el coste de la reparación. No es viable. Sería más factible derribar el edificio y volverlo a hacer», relata este vecino.

El problema es que, pese a que la finca se encuentra apuntalada y vacía desde que se produjo el derrumbe, «hay gente que se cuela, incluso desde nuestros edificios. Nos tocan el timbre, nos dicen que son publicidad y entran por la terraza al edificio de al lado a hacer sus cosas y meterse en las viviendas, con el riesgo que eso conlleva».

De hecho, los propios exresidentes de las fincas ya denunciaron hace tiempo que, pese a la prohibición de entrar, les habían robado objetos personales del interior de sus casas, como televisores y otros electrodomésticos, pero incluso grifería de cocinas y baños para luego revenderlas como chatarra.

Garantías

Los vecinos exigen al Ayuntamiento que dé soluciones o asuma el derribo para garantizar la seguridad de los viandantes, que podrían sufrir las consecuencias de nuevos desplomes. «La situación va empeorando con el tiempo, se filtra agua de las lluvias y hay suelos y techos derrumbados que se van agrietando más con el paso del tiempo... puede pasar cualquier cosa», señala Iván Ruiz.

El vehículo de este vecino, sin ir más lejos, fue uno de los afectados cuando en abril de 2015 un trozo de escombros de unos cinco metros por diez, que correspondía al salón de las viviendas, se vino abajo. Desde la última planta, un quinto, hasta la planta baja. «Nadie se hizo responsable entonces, como nadie lo está haciendo de la situación del edificio ahora», denuncia este vecino, que tras tres años de pleitos, ha conseguido que el seguros le pague los 1.400 euros que tuvo que abonar para reparar su vehículo y que pudiera seguir operativo.

Algunos de los vecinos que sí residían allí desde el principio tuvieron que buscar una vivienda de alquiler, algo que no todos pudieron costear y el Ayuntamiento tuvo que asumir parte de esas cuantías para ayudar a los más necesitados. Los residentes de edificios colindantes piden que el Ayuntamiento actúe subsidiariamente para resolver la situación, acabar con los apuntalamientos y con la sensación de inseguridad que provoca en el resto de vecinos tener un edificio a punto de derribarse a su paso, en el día a día.