Un índice de siete folios con la relación de las más de 2.000 páginas con las que cuenta el expediente del contrato del Mercado Central que posee el Ayuntamiento. Esta es la única documentación que el Ayuntamiento de Elche ha remitido a la Fiscalía que investiga si se ha cometido algún delito de prevaricación o irregularidad, ya que entienden los denunciantes que algunos informes técnicos han sido contradictorios.
Una investigación que se inició a raíz de una denuncia de los placeros que están a favor de la construcción del nuevo Mercado Central que plantea Aparcisa, la concesionaria de la remodelación del inmueble. Ante esta situación la Fiscalía tendrá que requerir de nuevo al Ayuntamiento la documentación necesaria para su investigación pero usará ese escueto índice para incidir en los informes y en otra documentación que deberá examinar para determinar si, como denunciaron los placeros, alguien ha incurrido en un delito al emitir informes técnicos desfavorables a la construcción del inmueble, cuando se trata de un contrato público que ha sido promovido por el Ayuntamiento.
Pese a que tanto la portavoz de gobierno, Patricia Macià, como el portavoz adjunto de la junta de gobierno, Antonio García, manifestaron hace una semana que colaborarían con la Fiscalía en toda la documentación que se les requiriera, fuentes judiciales señalaron que este índice, de tan solo siete folios, es todo lo que se ha remitido.
Un mes después
La documentación llegó al juzgado el lunes, un mes después de que la Fiscalía la solicitara el pasado 14 de diciembre. El Consistorio justificó el retraso ante el Ministerio Público debido a la cercanía de las fechas navideñas. Un retraso que no se entendía en la Ciudad de la Justicia debido a que en lugar de los más de 2.000 páginas que constan en el expediente, se ha optado por remitir tan solo este índice.
En él, eso sí, se detallan todas las entradas y salidas de documentos que constan en el expediente. Desde los diferentes informes técnicos realizados por el Ayuntamiento, hasta los emitidos por organismos externos como el Icomo, la documentación y escritos solicitados y sus respectivas contestaciones a colectivos ciudadanos como Ágora o Salvem el Mercat, ordenados cronológicamente. Pero ni una sola línea de su contenido.
La única documentación con la que cuenta la Fiscalía, y que ya se está investigando, es la aportada por los placeros en su denuncia. Estos remitieron el pliego de condiciones y el contrato que en 2015 la empresa firmó con el Ayuntamiento, gobernado entonces por el Partido Popular.
