La Audiencia juzgará a partir de hoy a una red formada por 30 personas, 25 de ellas de nacionalidad china, acusadas de tres delitos de blanqueo de capitales y hasta 28 varios delitos contra la Hacienda pública. La red operaba desde el polígono de Carrús a partir de la actividad generada en distintas empresas dedicadas fundamentalmente a la venta de calzado procedente de China.

Según el relato de la Fiscalía, los procesados formaban parte de una organización presuntamente dedicada a dar salida a dinero generado en los comercios, tiendas de calzado y negocios chinos a través de transferencias bancarias que enviaban a su país sin declararlo a la hacienda pública.

El «modus operandi», según la acusación pública, era el de importar calzado de China, por el que declaraban un valor en aduanas muy inferior al real, para venderlo después en territorio nacional. Para ocultar la identidad de los sujetos fiscales que debían declarar impuestos en España, utilizaban a una red organizada de personas y entidades que se dedicaban a realizar transferencias de pago a China.

Esos intermediarios, a su vez, obtenían a cambio una comisión que oscilaba entre el 0,8 y el 1%. Así, al ocultar parte de sus adquisiciones, los acusados no declaraban ingresos ni las cuotas del IVA de las ventas de esas mercancías, por lo que, supuestamente, defraudaban miles de euros en impuestos.

Mediante esa práctica, según la fiscalía, la banda realizó ventas por valor de más de 168 millones de euros entre los años 2005 y 2009 sin liquidar los correspondientes tributos. Para sus integrantes se solicitan penas que oscilan entre los 3 y los 6 años de prisión, en función de la participación de cada uno de ellos en los delitos juzgados, y multas que alcanzarían en algunos casos hasta los 150 millones. Del mismo modo, se les expone al pago de una indemnización conjunta de más de 16 millones a la Hacienda Pública.