La Fiscalía pide hasta seis años de prisión para un abogado de Elche por, presuntamente, estafar y falsificar ofertas de trabajo con la que regularizar permisos para inmigrantes. Unas ofertas en empresas que eran inexistentes, y que podrían incurrir en una falsedad documental además de la pertinentes estafa administrativa. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en total habría cerca de una veintena de afectados, a los que el letrado habría cobrado cantidades que ascendían hasta los 700 euros, por unos trámites para los que luego empleaba esta documentación falsa.

Por tanto, el Ministerio Público pide para el acusado una pena de tres años por la falsedad documental, y otros tres por la estafa. Este último punto será el más difícil de demostrar, según señalaron fuentes judiciales a este diario, debido a que no está claro si los inmigrantes eran conscientes de que esas ofertas de trabajo eran falsas o participaron en el engaño desde el principio a cambio de conseguir esa documentación que necesitaban de manos de los abogados. En el juicio, que acogió ayer la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, poco se podía hacer para probar esta cuestión, pues los 19 inmigrantes a los que trató de conseguirles esta documentación no estaban citados a la sesión.

Sí lo estaban dos administradores de las empresas que supuestamente ofrecían estas ofertas de trabajo, en calidad de testigos, para afirmar que esas supuestas ofertas de trabajo eran falsas y que sus mercantiles nunca las habían ofrecido, por lo que eran completamente inexistentes.

El caso data del año 2010, cuando se detectó este presunto fraude. El letrado habría cometido estas falsedades entre 2009 y 2010. Es decir, hace casi 10 años. Por tanto, todo apunta a que, en el caso de que sea condenado, lo hará con la pena mínima, ya que los delitos o habrán prescrito, o se le aplicará el atenuante de dilaciones indebidas debido al gran retraso que ha acumulado la causa en los tribunales.

Los casos de estafas acumulan varios años de retraso en el tribunal ilicitano debido a que suele dar prioridad a otros delitos más importantes lo que, unido al gran volumen de asuntos de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, hace que estas causas menores tarden años en llegar a juicio.