La edil de Bienestar Social, Tere Maciá, explicó ayer en qué punto se encuentran los trámites de solicitudes de la Renta Valenciana de Inclusión, tras las críticas de algunos usuarios por los retrasos en su tramitación y cobro. La edil explicó que la complejidad burocrática de la nueva ley, que entró en vigor el pasado 23 de abril, requirió una formación a los técnicos y un soporte informático «que tardó en llegar», pero que en el momento en el que lo hizo se reforzó el personal y se espera que próximamente se sumen otras dos personas a grabar datos, con el fin de que todas las peticiones registradas, que ascienden a cerca de 1.700 estén grabadas en marzo.
Desde Bienestar Social se invitó a 1.420 personas a las charlas que se imparten en los centros sociales para informar a los usuarios y tramitar las solicitudes. De todos ellos, acabaron pidiéndola 1.112, «por lo que hay mucha gente que, al margen de las invitaciones que realizamos, las ha pedido por su cuenta», explicó.
El objetivo de estar renta es dar soporte económico a todo aquél que lo necesite y, a diferencia de otras ayudas de emergencia social, en caso de aprobación se realiza con carácter retroactivo, es decir, desde que se inició la solicitud. Desde el pasado mes de diciembre, un centenar de personas ya cobró la primera mensualidad, que incluyó todos los atrasos desde el momento en el que registraron la solicitud hasta finales de año. La Generalitat tiene hasta 9 meses de plazo para pagar y, a partir de abril, se reducirá a seis.
