El culebrón del Mercado vuelve a los tribunales en la recta final del mandato. La Fiscalía de Elche ha requerido al equipo de gobierno esta misma semana el expediente tras presentar una denuncia los vendedores ante el Ministerio Público por una presunta prevaricación. Los placeros han reclamado que se abra una investigación para esclarecer si alguien ha incurrido en un delito al emitir informes técnicos desfavorables a la construcción del inmueble, cuando se trata de un contrato público que ha sido promovido por el propio Ayuntamiento. En la denuncia, presentada el 28 de noviembre a pocos días de que el alcalde, Carlos González, anunciara la rescisión del contrato, los vendedores señalan que los técnicos contradicen sus informes, recogidos en los documentos que conforman los pliegos, para la licitación del concurso público. Ahora el Ministerio Público realizará una investigación preliminar mínima y, para el caso de que considere que existen indicios racionales de delito, deberá ponerlo en conocimiento del juzgado para que se abra una causa. Es decir, técnicamente no existe un proceso abierto en estos momentos contra nadie.

Los vendedores hacen referencia expresa a la documentación emitida por el Ayuntamiento al Icomos, el organismo asesor de la Unesco, sobre las afecciones negativas que tendría el proyecto y su aparcamiento subterráneo para el Misteri y su entorno. Ese informe ha sido determinante para que el comité haya emitido dos resoluciones en las que alerta del peligro de perder la declaración del Patrimonio de la Humanidad. La segunda de ellas, le sirvió al alcalde, Carlos González, para anunciar la rescisión del contrato. Un extremo que todavía no se ha producido, ya que el regidor optó por dejarle tiempo a la concesionaria para ofrecer una salida negociada con el fin de no acabar en los tribunales y evitar las indemnizaciones.

Tras la denuncia, ha sido esta semana cuando la Fiscalía ha requerido al Ayuntamiento todos los documentos emitidos tras la firma de contrato con Aparcisa, tal y como ayer reconoció la portavoz de la junta de gobierno, Patricia Macià, tras hacerse ya pública la denuncia de los placeros. PSOE y Compromís mostraron total tranquilidad ante el requerimiento del Ministerio Público, aseguraron que colaborarán con la justicia y restaron importancia al recorrido que pueda tener la denuncia. Asimismo, la edil socialista salió en defensa de la gestión realizada con el Mercado, ya que las catas arqueológicas siguen su curso y se justificó diciendo que «cualquier medida que hemos tomado siempre ha estado respaldada con documentación técnica». Los vendedores, por su parte, han aportado al Ministerio fiscal información diversa, como el pliego de condiciones administrativas y el contrato que en 2015 la empresa firmó con el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP.

Los placeros también señalan al Ayuntamiento, en su denuncia ante la Fiscalía, y acusan a la Administración local de haber intentado paralizar las obras «desde la adjudicación del contrato de forma incomprensible». Los denunciantes advierte, asimismo, de que un centenar de familias dependen de forma directa e indirecta del proyecto.