Usuarios como el ilicitano José Manuel Navarro llevan más de siete meses esperando la aprobación de la Renta Valenciana de Inclusión, una prestación pionera en la Comunidad que entró en vigor el 23 de abril de 2018 con el fin de garantizar unos ingresos mínimos a cualquier ciudadano en riesgo de pobreza. Este ilicitano vive de alquiler en un piso sin contrato, porque no puede pagar uno en mejores condiciones. Está empadronado en Cáritas, ya que al no haber firmado ningún documento de arrendamiento la ley no le permite empadronarse en su casa. Hace más de siete meses que presentó la instancia para solicitar la prestación. A día hoy «nadie, ni en el Ayuntamiento de Elche -donde presentó la instancia y la documentación requerida- ni en la Generalitat, saben decirme en qué estado se encuentra o si se me aprobará», lamenta. No es un caso aislado. De hecho, según confirmó ayer la edil de Bienestar Social, Tere Maciá, actualmente solo se han resuelto y abonado un centenar de solicitudes de las cerca de 2.000 personas que desde los Servicios Sociales municipales calculan que pueden beneficiarse de esta renta de inclusión.

Desde la Conselleria de Bienestar Social manifestaron que, pese a la demora a la hora de resolver el caso, la solicitud está en plazo, ya que cuando se aprobó la ley, que inicialmente establecía un plazo de respuesta inferior a seis meses, este se amplió en el primer año de vigencia de la ley. «Esta ampliación de plazos se introdujo en el trámite parlamentario de la ley, a petición de Cs, conocedores de que la puesta en marcha de una ley de esta envergadura requeriría de más tiempo», explicaron desde el Consell.

José Manuel trasladó su caso al Síndic de Greuges a principios de diciembre,. Este mismo lunes, desde la oficina del Síndic de Greuges informaron a José Manuel de que «ante la tardanza en recibir el informe solicitado a la administración interviniente, hemos vuelto a pedir que nos sea remitido urgentemente».

Retraso

Desde la Conselleria de Igualdad explicaron ayer este retraso a la hora de remitir la información el Síndic debido a que «fue registrada con fecha del 11 de diciembre. Las fechas navideñas y la consiguiente reducción de días hábiles ha hecho que la respuesta no se haya enviado todavía, pero se remitirá en breve».

En el caso de este ilicitano aseguraron que «el informe propuesta favorable por parte del Ayuntamiento llega a la Conselleria con fecha del 7 de enero de 2019, y ahora está en fase de fiscalización por parte de la Dirección Territorial de Alicante, que se prevé que este mes realice este trámite previo al pago de la nómina».

Las ayudas se cobrarán hasta que la persona solicitante deje de estar en riesgo de exclusión y se revisarán cada tres años.

Retroactivo

El pago se realiza con carácter retroactivo, por lo que en el momento en el que se produzca el primero, se abonará toda la cantidad pendiente desde que pidió la ayuda.

Sin embargo, lo que piden los usuarios es más celeridad, ya que lo que quieren es cobrar la mensualidad cuanto antes, pues se trata de casos de necesidad urgente.