Las reacciones a la decepcionante reunión, a juicio de los regantes, que mantuvieron el lunes en Madrid el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y representantes del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura no se hicieron esperar ayer en la provincia: constitución de gabinete de crisis, petición de una cumbre de presidentes autonómicos, reservarse acciones legales e insistir en acceder a las actas del acuerdo donde se autorizó por parte del Gobierno el trasvase de noviembre.

Representantes de la provincia en el citado sindicato manifestaban ayer que «una vez estudiada la gravedad y repercusión de lo ocurrido», con la falta de aprobación del trasvase para el regadío en el mes de noviembre, se ha decidido, como medidas principales, constituir un gabinete de crisis «que vigile y valore la legalidad de cualquiera de las actuaciones que se produzcan en relación al trasvase».

Asimismo, se va a instar a la convocatoria de una cumbre de presidentes de autonomías afectadas en defensa y garantía del trasvase, sin dejar de lado solicitar el apoyo explícito de las corporaciones de todos los municipios afectados.

La indignación es tal que desde el mencionado sindicato se quiere revisar el cumplimiento de la legalidad vigente e iniciar, si procede, las reclamaciones legales.

«Vamos a estudiar la posibilidad de proponer pedir al Círculo por el Agua que solicite la dimisión del director general del Agua por las demoras en la convocatoria de la comisión de explotación», indicaban desde este sindicato, al tiempo que se invita a la ministra a que visite la zona «para conocer de primera mano aquello que está poniendo en juego».

Mientras tanto, la comisión técnica de la Mesa del Agua de la Diputación, en una reunión mantenida ayer, exige que para empezar se dé cumplimiento a lo que se acordó en 2013 en el memorándum que se incorporó a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. «Cuando se estuviese en el nivel 3 (entre 400 y 500 hm3 de reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía), lo que se tiene que trasladar al levante son 20 hectómetros cúbicos y si tienen que mandar algo menos el Gobierno tiene que motivarlo, al contrario de lo que está diciendo ahora el Ministerio (para la Transición Ecológica)», explicaba Ángel Urbina, portavoz de la citada comisión técnica, quien insistía: «Por ley tienen que mandar 20 hectómetros y si no lo hacen tiene que motivarlo».

A juicio de los técnicos de la Mesa, todo apunta a que es «una verdadera maniobra para liquidar el Tajo Segura», con intención también de ir modificando el nivel 2 y 1, por lo que agregan: «No podemos permitir que para tapar unas decisiones políticas hagan argumentarios técnicos que no se sostienen y que no son técnicos».

Desde la Mesa del Agua entienden en cualquier caso que existe una falta de preparación y profesionalidad en el Ministerio y ante ello consideran que el Tajo-Segura se debe defender en los tribunales «y en la presión social de todos los ciudadanos, no solo de los regantes».

Desde la Mesa reiteran su apoyo al Sindicato Central y en su petición de exigir las actas de la reunión del la ya polémica Comisión Central de Explotación del Tajo-Segura del pasado 20 de noviembre.