La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para Alejandro Díaz, el exlíder de Joves Socialistes que fue detenido en junio del pasado año tras una investigación policial relacionada con la tenencia y distribución de pornografía infantil a través de internet. Se trata de la pena máxima para este tipo de delitos, ya que la fiscal del caso entiende que se dan hasta tres agravantes.
El primero, la presencia en las imágenes de menores de 16 años. Según sostiene el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, «las edades de los menores que aparecen en los vídeos estarían comprendidas entre los 0 y los 12 años». El segundo agravante pasa por el contenido de estas imágenes, que sería particularmente degradante o vejatorio, y la fiscal relata ejemplos de esas prácticas extremas encontrados en el material incautado tras la entrada y registro policial en su domicilio. El último, pasa por el hecho de que en el contenido analizado habría quedado acreditado el uso de violencia física o sexual contra estos menores.
Se trata de un escrito de acusación relativamente extenso, en el que el Ministerio Público describe todo el procedimiento, tanto el cómo accedió al contenido hasta cómo lo descargó, lo compartió, con quién, e incluso extractos de conversaciones con otros pedófilos en las que hablaban de todo tipo de prácticas especialmente degradantes con bebés y niños de corta edad.
En los registros se encontró una gran cantidad de material tras requisar un pen drive, un disco duro y el análisis de las conversaciones mantenidas a través de un servicio de mensajería, entre otros dispositivos. El contenido estaba clasificado en carpetas por edades de los menores, perfectamente organizado. Además el nombre de los archivos, en muchos casos, también era explícito, con referencias al contenido del mismo, haciendo referencia a pornografía infantil.
Modus operandi
Para acceder a todo este material, explica la Fiscalía, el acusado habría utilizado un programa informático con el que acceder de manera anónima a los contenidos de la «darknet» ocultando su dirección IP y pudiendo entrar a páginas web en las que existen este tipo de contenidos. Sin embargo, al compartirlo, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de la Policía Judicial, en Madrid, pudo localizar la dirección IP, que les llevó hasta la vivienda del acusado, tras localizar que la conexión de internet estaba contratada a nombre de su padre.
En libertad
Alejandro Díaz ingresó en prisión tras ser detenido en junio de 2017, pero salió en libertad con cargos en agosto del año pasado. La Fiscalía había solicitado su reingreso en prisión, al entender que podría borrar pruebas o reincidir. De hecho, el juzgado abrió dos piezas más para investigar si también había abusado de dos menores. Una de ellas se archivó, al no poder identificar a la presunta víctima, mientras que la segunda sigue abierta en el juzgado.
