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Un acuerdo municipal y un informe favorable del Consell Jurídic, los primeros pasos

El Ayuntamiento necesita más aval que el simple informe de Icomos para hacer valer en un juzgado que tiene derecho a rescindir sin indemnización

Un acuerdo municipal y un informe favorable del Consell Jurídic, los primeros pasos

¿Tres?, ¿cinco? ¿siete años?, los juristas consultados por INFORMACIÓN no se ponen de acuerdo sobre cuánto tiempo se necesita para desbloquear una situación como la que se plantea con la rescisión del contrato del Mercado entre el Ayuntamiento de Elche y Aparcisa, y que todo a punta a que será contenciosa por falta de acuerdo, con lo cual deberá ser un juzgado el que decida en qué condiciones se rompe, resolución que a su vez podrá ser recurrida en una segunda instancia. Lo que tampoco está claro es qué pasará con la actual plaza de abastos hasta que se dicte una resolución firme porque una de las partes se cree con un derecho de construcción y explotación dado por la otra y que pretende ahora defender. Vamos, que la imagen actual del edificio se puede perpetuar «sine die».

Algunos concejales del equipo de gobierno aseguran que de la decisión del alcalde de rescindir el contrato se enteraron, como el resto de ciudadanos, por la publicación el lunes por la tarde en la web de INFORMACIÓN; es decir, no sabían cuándo se iba a producir y en qué términos. De hecho, al día siguiente se produjo un encuentro del grupo municipal socialista en el cual Carlos González les dio los pormenores. El regidor, a continuación, compareció con algunos, pero no con el resto de fuerzas del tripartito y eso que Compromís es el primer defensor de echar atrás el contrato. En cambio, el Partido de Elche ha defendido el proyecto de Aparcisa.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y con la situación que se plantea, se entiende que la mercantil va a continuar adelante con las estipulaciones del acuerdo para obtener los permisos que le sirvan primero, para derribar; después, para excavar; y, por último, para construir. Entre otras cuestiones, porque nada se le ha notificado oficialmente.

El Ayuntamiento precisa no sólo de una decisión del alcalde para echar atrás el acuerdo sino un respaldo del equipo de gobierno (con el que se debería dar oficialidad a la ruptura) para, después, armarse legalmente para intentar que prospere. Ese primer paso en el seno del ejecutivo local parece fácil a la vista está de la firmeza de la postura del regidor que, después, necesitará un aval, en este caso del Consell Jurídic Consultiu que deberá resolver que cabe la rescisión tal cual la plantea el Ayuntamiento en su argumentario. Y este paso no es baladí porque lo necesita sí o sí para poder plantear ante un juzgado de lo Contencioso el conflicto frente a una mercantil que se niega a disolverlo. La cuestión que tendrá que dilucidar el magistrado, a partir de ese momento, tendrá que ver más con las indemnizaciones o no que tiene que abonar la parte que incumple el acuerdo, en este caso, el Ayuntamiento de Elche.

Salamanca

Compromís, el pasado martes y sabiendo que esta es una de las cuestiones más peliagudas, exhibió una sentencia del TSJ de Castilla-León en la cual se había desestimado la pretensión de una mercantil de recibir una indemnización por daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante) tras la resolución de un contrato de obra pública para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la plaza de los Bandos de Salamanca con la justificación de «no perder la condición de ciudad Patrimonio de la Humanidad (de la ciudad) ante las reiteradas recomendaciones del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en contra de la ejecución de dicha obra», dice el fallo. El principal argumento para desestimar la pretensión de la empresa era que «no había comenzado la ejecución de las obras y por consiguiente la explotación del aparcamiento». El Ayuntamiento de Salamanca, en cualquier caso, sí tuvo que pagar los gastos que la mercantil pudo demostrar que había realizado (contratos de personal o proyectos) por más de 400.000 euros. Aquel asunto se resolvió en algo más de cuatro años.

El caso, es innegable, es muy parecido pero no similar porque a diferencia del caso de Salamanca, Aparcisa tiene a su vez obligaciones frente a terceros: los placeros que ya han abonado el 75% de los contratos por sus futuros puestos y que en este procedimiento que se deberá abrir, probablemente, tengan interés como afectados y se puedan personar. La mercantil, en cualquier caso, habrá realizado en estos tres años y medio más de 1,2 millones de euros de inversión (otras fuentes apuntan a que 1,5 millones), aunque la cifra exacta se desconoce y que incluye desde el mercado provisional, al proyecto o las catas arqueológicas que van por la tercera fase.

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