Riegos de Levante aprobó ayer la adjudicación de la construcción de la planta desalinizadora de agua salobre, con la que se pretenden aumentar los caudales para los agricultores del sur de la provincia. La adjudicación salió adelante en la asamblea general con 40 votos a favor (73%) y 16 en contra (27%).
Votaron a favor los representantes de El Canal, el Tercero y Orihuela. En contra se manifestaron los compromisarios del Cuarto Canal de Levante y Séptima Elevación de la Peña, Bacarot, Huerta de Alicante, la Sexta y la Séptima, y la comunidad de Crevillent, que pidieron a la dirección de Riegos de Levante que tuviese en cuenta el escrito presentado por el ingeniero Manuel Navarro, quien asegura que el proyecto que se ha adjudicado está incompleto y que la comunidad general carece de los permisos necesarios para ejecutarlo correctamente.
En la asamblea, el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, salió en defensa del trabajo que se ha realizado durante los últimos meses en la comunidad general para preparar este proyecto y aseguró que todo estaba en orden. Sobre la advertencia por los permisos y proyectos que el experto echa en falta en la documentación, Berenguer dijo que hay tiempo para poner en marcha las actuaciones y trámites complementarios que se consideren oportunos y necesarios, como, por ejemplo, el punto de vertido de la salmuera, que aún no está claro, pero que ello no impedía empezar a tramitar la construcción de la planta.
En este sentido, desde la dirección de Riegos de Levante se apuntó ayer que pese a que no era objeto del debate, en la Asamblea, el equipo técnico y jurídico de la Comunidad General explicó y justificó una a una las cuestiones sobre las que los cinco presidentes de las comunidades que pidieron paralizar el proceso habían expresado sus dudas. Esta asamblea tenía por objeto debatir la adjudicación, pero la directiva entendió que "los que no conocen o no han querido conocer el procedimiento desde su inicio, no cuenten con datos suficientes como para hacerse una composición real y clara de la propuesta en curso".
Reservas
Aún así, los representantes de la comunidades que mostraron sus reservas mantuvieron su voto en contra, después de que hace unos días, según indicaron a este diario, hicieran llegar a la cúpula de Riegos de Levante un escrito en el que solicitaban retirar de la asamblea general los dos puntos relativos a la aprobación de la planta desalinizadora de agua salobre que consideraron «una temeridad». Uno de los comuneros que se opuso fue Ángel Urbina que dijo que «no se puede adjudicar una obra sin presentar en la Confederación y en la Conselleria los solicitudes oportunas».
No obstante, el voto en contra de los compromisarios de estas comunidades, que son minoría en la asamblea general al representar a un menor número de regantes, no pudo paralizar el proyecto, que va a seguir adelante, según el calendario previsto por la dirección de la comunidad general.
El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Novhidro por un total de 9,5 millones, que se abonarán, en parte, con el dinero que los regantes van a recibir del Consell, por prohibir la caza en El Hondo.
Crédito
Riegos de Levante va a tener que sacar un crédito para completar el dinero que necesita para financiar la construcción de la planta desalinizadora de agua salobre. Los regantes aprobaron ayer una inversión total de 9,5 millones de euros, pero del dinero que van a recibir del Consell, por prohibir la caza en El Hondo, sólo podrán disponer de 8,3 millones de euros, ya que el resto, hasta alcanzar los 11 millones de la indemnización, se irán a pagar impuestos.
Por este motivo, ayer se explicó en asamblea que dado que sólo se podrá disponer de 8,3 millones del pago del Consell, el resto, que asciende a 1,2 millones de euros, se tendrá que obtener a través de una operación financiera, que se tramitaría, según la previsión actual, a partir de 2020.
Ayer también se aprobó el convenio para cobrar el dinero del Consell que establece que Riegos de Levante recibirá los primeros 3 millones de euros a la firma del acuerdo con la Generalitat. Para diciembre de 2018 se establece un segundo pago de 3 millones de euros, y para diciembre de 2019 un tercer pago de 3,1 millones de euros. El último pago, para completar la indemnización, que será de 1,9 millones de euros, se efectuará durante el primer trimestre de 2020.
