Más de treinta familias de Elche y Crevillent se encuentran actualmente «ocupando» pisos que son propiedad de las entidades bancarias. Las personas que respaldan este tipo de iniciativas prefieren emplear más bien el término de «recuperar» viviendas. Pero además, más de medio centenar de familias de buena parte de la comarca del Baix Vinalopó han conseguido que sus respectivos desahucios se hayan detenido, al menos hasta 2020.

Los datos los aporta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche y Crevillent (PAH), que ayer volvió a salir a la calle para protestar, frente al Ayuntamiento de Elche, en este caso en contra del proyecto de ley redactado por el anterior ministro de Economía, el popular Luis de Guindos, «que en lugar de anular las cláusulas abusivas las blanquea, moderándolas para que la banca siga ganando, además de forma retroactiva. Sin embargo, no contempla la dación en pago», indican desde la PAH, la cual asegura: «No vamos a consentir que mantengan la responsabilidad ilimitada del deudor, el cual, además de perder su vivienda, seguirá siendo perseguido junto a sus avalistas».

Este pasado martes se debatía esta nueva ley hipotecaria en la Comisión de Economía del Congreso, «y PP y PSOE van de la mano en dirección contraria a lo dictado por los tribunales tanto en el interés de demora como con el vencimiento anticipado, lo cual amenaza a miles de procedimientos hipotecarios», según siempre los organizadores de esta protesta, que reunía a una veintena de pesonas.

«Si este proyecto de ley sigue adelante como está, la PAH denunciará la sumisión de todos los que apoyen este nuevo favor a la banca, parcheando la doctrina europea», manifiestan, para agregar que es el momento de adecuar esta ley de crédito a la Ley de Vivienda de la PAH.

En este sentido, la PAH insiste en que PP y C's están bloqueando esta ley redactada por las propias familias afectadas por la burbuja inmobiliaria, solicitando ampliar el plazo de enmiendas cuando aún no han presentado ninguna propuesta a la PAH. «El PSOE no puede ponerse en contra del derecho a la vivienda aceptando que la banca no sea sancionada por sus abusos y poniendo garantías de no repetición", agregan por último.

Cabe recordar que el Congreso acordó el martes elevar los meses de impago que se requieren para que una entidad financiera pueda ejecutar un contrato de hipoteca (paso previo a un posible desahucio): si el impago se produce en la primera mitad del préstamo, serán 12 meses, y si es en la segunda mitad del crédito se exigirán 15 meses de deuda.