Más de treinta familias de Elche y Crevillent se encuentran actualmente ocupando pisos que han pasado a ser propiedad de las entidades bancarias. Las personas que respaldan este tipo de iniciativas prefieren emplear más bien el término de "recuperar" viviendas. Pero además, más de medio centenar de familias de buena parte de la comarca del Baix Vinalopó han conseguido que sus respectivos desahucios se hayan detenido, al menos hasta el año 2020.

Los datos los aporta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche y Crevillent (PAH), que ayer volvió a salir a la calle para protestar, frente al Ayuntamiento de Elche, en este caso en contra del proyecto de ley redactado por el anterior ministro popular Luis de Guindos, "que en lugar de anular las cláusulas abusivas las blanquea, moderándolas para que la banca siga ganando, además de forma retroactiva. Sin embargo, no contempla la dación en pago", indican desde la PAH, la cual asegura: "No vamos a consentir que mantengan la responsabilidad ilimitada del deudor el cual, además de perder su vivienda, seguirá siendo perseguido junto a sus avalistas".

Este mismo martes se ha debatido esta ley en la Comisión de Economía del Congreso, "y PP y PSOE van de la mano en dirección contraria a lo dictado por los tribunales tanto en el interés de demora como con el vencimiento anticipado, lo cual amenaza a miles de procedimientos hipotecarios", según siempre los organizadores de esta protesta, que ha reunido a una veintena de pesonas.

"Si este proyecto de ley sigue adelante como está, la PAH denunciará la sumisión de todos los que apoyen este nuevo favor a la banca," parcheando la doctrina europea", manifiestanm, para agregar: que es el momento de adecuar esta ley de crédito a la Ley de Vivienda de la PAH.

En este sentido, la PAH denuncia que PP y C's están bloqueando esta ley urgente redactada por las propias familias afectadas por la burbuja inmobiliaria, solicitando ampliar el plazo de enmiendas cuando aún no han presentado ninguna propuesta a la PAH. "El PSOE no puede ponerse en contra del derecho a la vivienda aceptando que la banca no sea sancionada por sus abusos y poniendo garantías de no repetición", agregan por último.

Cabe aclarar que el Congreso acordó ayer elevar los meses de impago que se requieren para que una entidad financiera pueda ejecutar un contrato de hipoteca (paso previo a un posible desahucio): si el impago se produce en la primera mitad del préstamo, serán 12 meses, y si es en la segunda mitad del crédito se exigirán 15 meses de deuda. Así lo decidieron los grupos que debaten la nueva ley hipotecaria, que actualmente se encuentra tramitando en el Congreso en fase de ponencia. Únicamente Unidos Podemos ha optado por mantener viva su propuesta de establecer este límite en el 10% del capital concedido. El proyecto de ley que remitió el entonces ministro de Economía Luis de Guindos en noviembre de 2017 diferenciaba el vencimiento anticipado de un contrato en función de si el impago de las cuotas se producía en la primera o en la segunda mitad de la duración de un préstamo. Si las cuotas vencidas y no satisfechas se producían en la primera se fijaba que, para ejecutar un contrato, debían suponer el 2% del capital concedido o el equivalente a 9 meses de impago.