Las Cortes Valencianas votarán una enmienda a los Presupuestos Autonómicos de 2019 impulsada por el alcalde de Elche, Carlos González, y registrada ayer, que modifica el tramo autonómico del IRPF con el fin de que las ayudas que han recibido los vecinos de San Antón para adquirir los nuevos pisos con los que se está rehabilitando el barrio sean tratadas como beneficio fiscal y no tengan que tributar. El alcalde ilicitano, junto con el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, y el gerente de la empresa municipal Pimesa, Antonio Martínez, se reunieron el pasado lunes en Valencia con el director general de Tributos, Eduardo Roca, y técnicos de su departamento para buscar soluciones a este problema tributario.
En esta reunión, los representantes de la Generalitat han visto viable la creación de una deducción fiscal vinculada al tramo autonómico del IRPF en la que encuadrar las citadas ayudas, que se tiene que concretar a través de esta enmienda presupuestaria.
Carlos González también se reunió la semana pasada en Madrid con el subdirector general de Tributos y técnicos del Ministerio de Hacienda con el fin de encontrar una solución que no grave las economías de los vecinos, en su mayoría familias humildes con rentas bajas.
Cancelación y aplazamiento
El primer edil considera que «para ser viable la rehabilitación del barrio las subvenciones percibidas por los vecinos tienen que ser neutras desde el punto de vista fiscal y no tributar». Esta es la razón por la que el alcalde ha reclamado las citadas entrevistas para intentar conseguir que la carga fiscal no acabe castigando las economías de estas familias.
Otro de los frentes en los que la Alcaldía de Elche esta trabajando es el aplazamiento o fraccionamiento de los pagos que haya que realizar hasta que se encuentre una solución definitiva porque la exención tributaria solo afectará de momento al tamo autonómico de las ayudas.
En el barrio ilicitano de San Antón se está acabando la primera fase de rehabilitación que consiste en la construcción de tres bloques de 74, 120 y 90 pisos, respectivamente, en el primero de los cuales ya hay 74 familias viviendo. Asimismo, el equipo de gobierno municipal ha encargado a la empresa municipal Pimesa el inicio de las gestiones necesarias para llevar a cabo la segunda fase, que contempla la construcción de un nuevo bloque de 55 viviendas.
