Un juzgado de lo Penal de Elche condenó ayer a una mujer de Crevillent acusada de robar en una decena de casas donde trabajó en esta misma localidad. La acusada reconoció los hechos ante el juez y llegó a un acuerdo de conformidad por el que la Fiscalía redujo su pena de prisión desde los 18 meses que pedía inicialmente a 15. El juicio no llegó a celebrarse al aceptar la acusada la petición del Ministerio Público. No obstante, la pena de prisión quedó suspendida, condicionada, eso sí, a que devuelva más de 21.000 euros en concepto de indemnización a las víctimas, aunque estas lo cifran en cerca del triple. Un pago que afrontará en pequeñas cuotas , ya que tanto el juez como el fiscal tuvieron en cuenta los bajos ingresos de la acusada, que apenas superan los 400 euros al mes.

Durante varios meses, la mujer habría aprovechado que tenía pleno acceso a las vivienda en las que trabajaba para robar joyas y otros objetos de valor, además de dinero en efectivo, con el fin de venderlos en tiendas y locales de segunda mano y obtener así rédito económico. La oleada de denuncias ante las autoridades, cuya única conexión entre sí en los diferentes casos era la presencia de esta empleada del hogar, arrojaban pocas dudas sobre la autoría de estos hurtos, por lo que la condenada optó por cerrar ese acuerdo de conformidad para evitar la prisión.

Pese a sus bajos ingresos, declaró que está viviendo con unos familiares, con el objetivo de hacer frente a las mensualidades interpuestas por el juzgado y poder saldar así sus deudas con sus anteriores clientes.

La decena de personas que acudieron como acusación y testigos se quedaron así con ganas de declarar a la puerta de los juzgados, lo que provocó la indignación de algunos. Y es que para muchas de las víctimas, el problema ya no es ya haber sufrido el robo en sí o el dinero de lo sustraído, sino el hecho de haber perdido joyas que pertenecieron a sus familiares u objetos cuyo valor trasciende de lo material, según manifestaron algunas de las víctimas.

El objetivo del acuerdo del Ministerio Público, eso sí, era que al menos pudieran ser indemnizados, con el compromiso del pago de la condenada que, en caso de incumplirse, sí ingresará en prisión el tiempo estipulado en la sentencia.