La sección séptima de la Audiencia Provincial de Elche ha acogído hoy la primera sesión del juicio con jurado popular que juzgará el "cambiazo La acusación y la defensa han llegado a un acuerdo para que se dicte un fallo de conformidad entre las partes, asumiendo el escrito de acusación del Ministerio Público, a cambio de reducir las penas de prisión, para ello se tendrá en cuenta los años transcurridos desde que ocurrieron los hechos. La empresa tendrá que devolver algo más de 223.204 euros al Ayuntamiento. El exedil Cartagena ha sido condenado a tres meses de prisión por tráfico de influencias y el empresario a seis meses por tráfico de influencias y falsificación documental.
El «caso Cambiazo» investigaba el supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de agua y alcantarillado en el municipio. Los hechos se remontan a 2010 y hoy, ocho años después, es cuando los dos acusados se han sentado en el banquillo.
En un principio la causa se iba a juzgar a través de procedimiento ordinario pero se interpuso un recurso que llegó hasta el Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación interpuesto por la fiscalía contra un auto anterior de la Audiencia de Alicante que ordenaba devolver la causa al juzgado que la instruyó en Orihuela para que sea tramitara por el procedimiento de jurado popular. Eso ocurrió en julio de 2017 y fue en ese momento cuando se fijó la fecha definitiva del juicio para el día de hoy.
Según se recoge en la relación de hechos expuesta por la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado, el concejal socialista, prevaliéndose del ejercicio de sus funciones y actuando con la finalidad de beneficiar al otro acusado, Antonio García Casas, y a la empresa que este gestionaba, Bluesa, instó a un técnico del Ayuntamiento que era el encargado de valorar las ofertas presentadas por las empresas al concurso a que «aumentara la puntuación a asignar a la oferta presentada por la UTE a la que pertenecía Bluesa, en detrimento de la otra sociedad que había licitado, Facsa». Señala asimismo que el empresario también ejerció presiones sobre el técnico para conseguir que puntuara mejor su oferta en detrimento de la otra para beneficiarse económicamente. Pero esas maniobras no dieron resultado y el concurso lo acabó ganando Facsa.
Según la magistrada, lo que ocurrió después fue que alguien que actuaba de mutuo acuerdo con el empresario, con la finalidad de paralizar la adjudicación del contrato, realizó el famoso «cambiazo». Lo que se hizo fue suplantar el documento resumen del canon ofrecido por la empresa ganadora, en el que constaba que aportaría como canon 3.350.000 euros. En su lugar se puso otro que expresaba como importe 335.000 euros. Después, el representante de Bluesa pidió paralizar el proceso y que se le adjudicara a él el contrato.
Acusación
El Ministerio Fiscal cree que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias por la actuación del concejal y del empresario, mientras que a éste último le suma también un delito de falsedad documental. Para el político solicitaba un año de prisión y cinco de inhabilitación para el empresario dos años y 11 meses de cárcel. Por su parte, la acusación que ejerce el Ayuntamiento pide una pena de 5 meses de prisión y 5 meses de multa por el delito de falsedad para Casas, así como 6 meses de prisión y multa de 20.481.000 euros por tráfico de influencias. Para el exedil ha pedido 6 meses de prisión y multa de 20.481.000 euros por supuesto delito de tráfico de influencias. También ha solicitado que la UTE indemnice al Ayuntamiento con 223.204 euros por el perjuicio causado al consistorio.
