La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, es la que más magistrados tiene de toda España, junto a otra de Baleares, con siete magistrados. Un dudoso honor que encierra que es una de las más colapsadas desde su origen sin que a día de hoy se entienda cómo no se ha creado una segunda en materia penal que venga a aliviar la pesada carga que, prácticamente, sufre desde que se creó.
Se da la circunstancia de que esta semana tendría que haber incorporado a un octavo juez, deshaciendo este curioso empate con su homólogo balear, pero nadie se presentó a cubrir la vacante, según confirmó el periódico en fuentes judiciales. Ahora la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, quien conoce sobradamente la situación que atraviesa la sala con base en los informes periódicos que recibe, tiene que resolver si cubre la plaza con una alternativa, como sería la designación de un Juez de Adscripción Territorial (JAT). Desde el TSJCV rechazaron hacer ningún tipo de valoración de esta situación.
Si tener siete magistrados es una situación que no tiene comparación en España, la situación de la sección VII no mejoraría ni con el octavo, pues el año próximo se enfrenta a la jubilación de una magistrada, Francesca Martínez, y en el próximo concurso de traslado está previsto que al menos cinco de los 16 funcionarios (el doble de lo habitual) pidan el traslado porque no aguantan la presión de trabajo, que no tiene comparación con el resto de la provincia. Además, está previsto que comience en 2019 el macrojuicio de una de las principales piezas del caso Brugal, la que investiga supuestas irregularidades en la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela, un procedimiento que prevé al menos 90 sesiones durante varios meses en una causa compleja con implicaciones político-empresariales por supuesta corrupción que mantendrán ocupados a tres de los magistrados durante todo el periodo en el que se desarrollarán las sesiones.
Ante esta situación es más que probable que si no se incorpora este magistrado de refuerzo y con la vacante que dejará Francesca Martínez, comiencen a suspenderse juicios que a día de hoy están señalados y con abogados, procuradores, acusados, Fuerzas de Seguridad, víctimas y peritos pendientes de los señalamientos. En definitiva, no se puede asumir más carga de trabajo cuando, además, los módulos de trabajo de cada uno de los magistrados alcanzan el 120%; es decir, el máximo.
Baix Vinalopó y Vega Baja
En la ciudad se juzgan los casos no solo de su partido judicial, sino también el de Orihuela y Torrevieja, lo que incrementa aún más la carga de trabajo, no solo por el número de procedimientos, sino por su complejidad, al tratarse de causas que se demoran en la instrucción, con ciudadanos extranjeros a los que es difícil notificar los señalamientos y procesos judiciales y los tipos de delitos.
