Menos de una semana ha pasado desde que Raúl Díez Castillo, el exabogado que acumula varias denuncias por estafar, presuntamente, a sus clientes, se sentara en el banquillo de los acusados y la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ya ha dictado sentencia. El tribunal ha condenado al exletrado a un año de prisión por un delito de apropiación indebida, y la absuelve de uno de estafa. Los magistrados consideran probado que se quedó los 5.600 euros que su cliente le pagó para realizar informes periciales que nunca encargó. Esta era la primera vez que Raúl Díez Castillo se sentaba ante un tribunal, tras ser detenido hace un mes después de que la Audiencia Provincial dictara una orden de busca y captura y una de sus presuntas víctimas montara un dispositivo de seguimiento hasta dar con él y avisar a las autoridades.
La asociación de afectados espera que esta sentencia sirva de ejemplo para el resto de causas que mantiene abiertas y puedan recuperar parte del dinero perdido. En este caso, la Audiencia condena al exletrado no solo a devolver los 5.600 euros, que ha se habían consignado en sede judicial antes del juicio, sino que le impone el pago de 11.600 euros.
El caso
En este caso, según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, Díez Castillo se quedó con 5.000 euros que pidió a su cliente para pruebas periciales que nunca se realizaron, y con 600 de los 1.500 que la perjudicada abonó para pagar a la procuradora.
Díez Castillo no solo negó los hechos, pese a las pruebas de las transferencias realizadas por parte de su cliente en concepto de esas pruebas periciales que nunca se encargaron, sino que mantuvo una actitud altiva ante el tribunal y, especialmente, ante el Ministerio Fiscal y la acusación particular. El letrado no respondió con contundencia a por qué no devolvió ese dinero, pagado, como indicaban los conceptos de las trasferencias, para pruebas periciales, sino que se limitó a decir que el procedimiento tenía una serie de gastos.
No obstante, la víctima tenía por escrito un documento en el que Díez Castillo renunciaba a cobrarle honorarios, debido a una amistad que arrastraban desde pequeños, pero la defensa alegó que esa renuncia era para el proceso de reclamación administrativa ante la Conselleria por una presunta negligencia médica que habría derivado en el fallecimiento del paciente. El abogado se excusó alegando que solo había renunciado a sus honorarios en el procedo administrativo, y no en la posterior demanda que se interpuso en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
La procuradora de la víctima también declaró en el juicio, apuntando que finalmente fue su cliente, y no Díez Castillo, quien le abonó los 600 euros que le faltaba por cobrar, pese a que la víctima se los había transferido. De hecho, contactó con la procuradora al sospechar que el exletrado la había estafado, y fue cuando se destapó el supuesto engaño y lo denunció en el juzgado.
Díez Castillo acumula varias acusaciones de este tipo. La próxima se juzgará en Alicante a finales de noviembre, aunque el denunciante teme que no se presente, como en anteriores ocasiones. De hecho, el juicio de ayer se celebró tras detenerlo hace un mes e ingresarlo el juez en prisión preventiva a la espera del juicio.
