La macrooperación contra el fraude fiscal destapada en abril en el Parque Empresarial de Torrellano, que se saldó con una veintena de detenidos a los que se les acusa de realizar operaciones tanto a nivel internacional como nacional a través de mercantiles radicadas en varias comunidades, se seguirá investigando y se resolverá finalmente en la Audiencia Nacional. Así lo ha decidido el Supremo tras plantearse una cuestión de competencias por el juzgado de Instrucción 5, que asumió la causa desde sus orígenes porque la investigación nació en la ciudad. La Audiencia Nacional rechazó la petición del juzgado ilicitano de desvincularse del mismo en su favor por lo que finalmente tuvo que ser un tercer órgano, en este caso el Supremo, el que resolviera sobre la discrepancia sobre competencias, dando la razón al magistrado de Elche.
Ayer mismo, la Policía Judicial estaba embalando las decenas de cajas con la documentación del caso para su traslado y reparto por la Audiencia Nacional. La Policía Nacional cifró el fraude, tras la investigación realizada en colaboración con la Agencia tributaria y la Interpol, en 42 millones de euros.
Las pesquisas sacaron a la luz que la trama había movido más de 400 millones de euros, con un centenar de firmas implicadas. Muchas de ellas se dedicaban a la compraventa de productos tecnológicos, creando facturas falsas y operaciones ficticias para defraudar este IVA, y también con operaciones entre empresas de Europa, con IVA intracomunitario, para eludir impuestos.
El juzgado ilicitano también ha preparado ya el envío de la treintena de tomos que incluyen horas y horas de escuchas telefónicas, los registros realizados a las mercantiles involucradas y todas las diligencias practicadas hasta ahora. La documentación relacionada con el caso es muy numerosa. De hecho, se han realizado comisiones rogatorias a 27 países de Europa, así como de los Estados Unidos, donde se encontraba el presunto cabecilla de la trama, quien se entregó finalmente a las autoridades. Se trata de un ciudadano de origen indio y nacionalidad española, que permanece en prisión por estos hechos.
Fianza
Es el único de la veintena de detenidos en España que está en prisión. Un abogado ilicitano, cuya mercantil fue la registrada en Torrellano, y el resto de implicados, permanecen en libertad con cargos tras haber pagado la fianza. En el marco de esta operación llegó a detenerse incluso al hijo de Oubiña, el famoso narcotraficante gallego, por una pieza separada que salió a la luz a raíz de las pesquisas realizadas, relacionada con una red que importaba coches de lujo y también defraudaría IVA.
