El culebrón del edificio de El Progreso, apuntalado desde hace diez meses en la plaza de la Constitución, ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de València. Un conflicto que ha acabado en los juzgados por las diferencias de criterio entre el Consell y el Ayuntamiento y que amenaza ahora con tardar en solucionarse más de cinco años y dejar una de las principales arterias del centro con vigas.
Y es que el lío con el inmueble centenario tendrá que resolverse en el TSJ y en caso de que las dos administraciones y los propietarios no lleguen a un acuerdo, en el que están en juego también las indemnizaciones que reclamen los dueños, el asunto podría tener que elevarse incluso al Supremo. De ahí que la resolución sobre el futuro del inmueble centenario pueda alargarse al menos un lustro, según los plazos que manejan los abogados de la propiedad. Todo ello después de que el Consell paralizara in extremis el derribo autorizado por el Ayuntamiento a los dueños y tras pedir el Gobierno valenciano la conservación de la fachada.
El Ayuntamiento fue el primero en dar el paso y plantar batalla al Gobierno valenciano en los tribunales. En julio hacía oficial el contencioso administrativo frente a la resolución autonómica con la que se pedía al Consistorio ilicitano la protección y conservación de la fachada. Sin embargo, ha sido ahora cuando los propietarios también han decidido llegar hasta el TSJ, después de haber presentado ya un recurso de alzada contra la resolución autonómica.
El origen
La indignación vecinal al tener otro edificio «muerto» en la ciudad, que recuerda al bloqueo que sufre el hotel de Arenales o al Mercado Central, crece después de diez meses con el edificio de El Progreso apuntalado por seguridad para evitar que no se caiga abajo. La pregunta que muchos se siguen haciendo es ¿por qué ha acabado el edificio en esas condiciones?
En enero, después de más de un lustro detrás del derribo del inmueble, la propiedad de la finca obtenía todos los permisos municipales para tirar abajo lo que había sido una antigua sala de venta de agua, cuando pertenecía a la Comunidad de Riegos de El Progreso. Sus actuales dueños aspiraban a levantar un edificio nuevo para destinarlo a viviendas u oficinas. De hecho, los trabajos llegaron a comenzar y los propietarios realizaron demoliciones. Sin embargo, la presión de colectivos defensores de patrimonio al Consell hizo que cuando la fachada estuviera a punto de tirarse abajo, el Gobierno valenciano decidiera paralizarlo todo de forma cautelar.
El equipo de gobierno defendió por activa y por pasiva que había concedido todos los permisos a los dueños amparándose en que el plan municipal de 1998 no protegía el inmueble que da a la plaza de la Constitución y defendiendo en todo momento que las licencias fueron actos reglados.
Sin embargo, esto no convenció en València y en el último momento se opuso a la demolición, que al estar ya muy avanzada, obligaba a los dueños a apuntalar el edificio en mitad de la noche bloqueando toda la calle durante días. Algo que después tuvo que modificar el Ayuntamiento para restablecer el tráfico y pagar 35.000 euros.
El varapalo
En marzo, llegaba el varapalo para el Gobierno local y los dueños. El Consell pedía al Ayuntamiento que tomara las medidas oportunas para proteger y conservar la fachada de la sala de venta de agua. Algo a lo que se opuso el equipo de gobierno y por eso ha plantado cara en los tribunales.
A partir de ahí, los reproches entre la Concejalía de Urbanismo y el Consell fueron creciendo. El Gobierno valenciano llegó a acusar al Ayuntamiento de saltarse la ley al conceder las licencias de derribo a los dueños, después de que el edil José Manuel Sánchez responsabilizara a València de «actuar tarde y mal» con el edificio.
A partir de ahí, los informes de una y otra administración han seguido sucediéndose, sin llegar a ningún acuerdo sobre el edificio, pese a que ambas estén gobernadas por PSOE y Compromís.
