Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el Big Data ofrecen a las administraciones públicas la oportunidad de mejorar la gestión y la recaudación tributaria, y más en un momento en el que se debate, y mucho, en torno a la fiscalidad de la economía digital, como ha sucedido durante los últimos días en las Jornadas Internacionales: Retos y Oportunidades de la administración tributaria en la era digital, organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche y financiadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Uno de los temas que más preocupan a los expertos es la falta de consenso para establecer un marco fiscal moderno, justo y eficaz para la economía digital a nivel global, en el que se aporten soluciones en torno a las dudas que se ciñen sobre los nuevos modelos de negocios que han surgido durante los últimos años de la mano de la economía colaborativa, vinculados, por ejemplo, al transporte y al turismo. En ello se debe trabajar, según dijo ayer en Elche Miguel Navas, Global Corporate Tax Director de Cabify, que recordó que «la economía digital presta servicios lejos del consumidor final».
Sin embargo, la falta de consenso internacional a la hora de establecer un sistema tributario que se adapte a la nueva realidad, que llega para quedarse, está llevando a que los países adopten decisiones unilaterales que pueden acabar por convertirse en definitivas, como advirtieron Iñaki Bilbao y Álvaro Antón, directores de las jornadas, con el perjuicio que ello puede producir a empresas que operan en multitud de países. Lo ideal para los empresarios es que todos trabajen en una misma dirección y no de forma unilateral, como se está haciendo para gravar a grandes compañías como Google o Amazon.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía digital tiene que ver, precisamente, con la economía colaborativa. Distinguir entre lo que es un intercambio de servicios y un negocio, entre lo que genera riqueza y lo que no, es uno de los debates que sigue encima de la mesa, como expuso la profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, Ester Machancoses.
No obstante, lo que más interesa a los países es no dejar escapar la gallina de los huevos de oro que son los impuestos para gravar a las empresas tecnológicas por prestar sus servicios en los lugares donde opere, y no solo donde está el establecimiento permanente, un concepto que cambia por completo, como apuntaron ayer los expertos en el CEU de Elche.
En España los ingresos que se podrían obtener por los servicios de empresas tecnológicas que operan en el país, a través de sus usuarios, se estiman entre 600 y 1.000 millones de euros al año. Un dato importante que hace que resulte complicado llegar a un acuerdo a nivel internacional.
Propuestas
El general manager de Blablacar, Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, participó en las jornadas y se mostró partidario de poner umbrales, ya que consideró que «tratar a todos los proyectos tecnológicos por igual favorece a las grandes compañías, e impide crecer a las pequeñas», a la vez que propuso trabajar en el establecimiento digital permanente.
