La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha acogido esta mañana el juicio contra una mercantil acusada de estafar a una empresa ilicitana 102.000 euros por operaciones derivadas de la venta de calzada, que quedaron impagadas. No obstante, la Fiscalía ha pedido la libre absolución de la parte demandada, al entender que, en el momento en el que se firmaron los contratos de venta, no había voluntad de dejar de pagar las letras acordadas, y que los impagos se produjeron por una falta de solvencia de los demandados que no pudieron prever en el momento de firmar la transacción comercial. Por tanto, sin esa voluntad de engañar no puede entenderse como estafa, según el criterio del Ministerio Público.
El caso llega a los tribunales tras 18 años de producirse la denuncia. Los hechos datan de 2002 y la instrucción finalizó en 2009, por lo que ha estado nueve años a la espera de juicio en la Audiencia Provincial.
Retrasos
El retraso de la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, está provocando que se
Un retraso que se suma al tiempo de instrucción y que hace que, en algunas ocasiones y en juicios con escasa prioridad, al no haber presos, el sumario se demore más de diez años desde su origen. Una situación que quiere atajar el nuevo fiscal jefe, José Antonio Artieda, quien espera poner en marcha un «plan de choque», si cuenta con dos fiscales de refuerzo para acelerar posibles juicios que acaban en conformidades. El fin no es solo dar carpetazo a los asuntos pendientes de forma rápida, sino también evitar que muchos prescriban. En estos momentos es necesario aplicar el atenuante de dilaciones indebidas en numerosas causas cuando ésta debería ser una medida de excepción pero que en la Audiencia se ha convertido en algo habitual, entre quejas de muchos letrados y de ciudadanos.
La Sección Séptima tiene ocho magistrados y, en la práctica, funciona como si de dos secciones se tratase. Aun así, acumula más de 800 asuntos pendientes, tal y como señala Artieda. Una situación que se complica aún más si se tiene en cuenta que «se siguen inyectando causas en cantidad superior a las que se resuelven», explica. Sólo en lo que va de año ha registrado 160 asuntos, una cifra ante la cual, «la Fiscalía no puede permanecer impasible».
La Audiencia juzga causas complejas, con peticiones de cárcel elevadas, y que requieren de mayores diligencias, por lo que el retraso va creciendo. Tienen prioridad las que tienen presos o son por delitos contra la libertad sexual. En estos sumarios la demora actual es de casi dos años desde el registro. El nuevo fiscal realizó esta semana un toque de atención de forma pública cuando en su nombramiento aludió a esta situación en un acto en el que estaba no sólo el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Cerón, sino también buena parte de los magistrados de la propia Audiencia.
