El Ayuntamiento de Elche ha informado hoy de un curioso caso detectado en el aeropuerto internacional de El Altet por la patrulla de Movilidad Urbana que implica a dos ciudadanos, uno marroquí y otro italiano, que llevaban un turismo que no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos y estaba estacionado en un lugar restringido de la terminal. Ni el que decía ser el propietario ni su compañero tenían un documento que acreditara que pueden circular por España; de hecho, uno de ellos manejaba un documento falso, siempre según la información municipal.

Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre cuando la patrulla detectó en una zona restringida de aeropueto un turismo, vehículo que procedieron a inmovilizar cuando descubrieron además que el conductor tenía un permiso que no era válido en España. Éste, pese a mostrar un permiso marroquí, era residente en nuestro país de manera acreditada por un tiempo superior al permitido, "por lo que debería haber procedido al canje u obtención de un permiso nacional", añade el comunicado.

Ante la situación de inminente inmovilización del vehículo, solicitó a un amigo que le acompañaba que se hiciera cargo del turismo, mostrando aquel un permiso de circulación italiano. Un amigo del conductor, de origen italiano, mostró un permiso de este país, pero los agentes detectaron rápidamente que se trataba de una falsificación, pero que era "de una aceptable calidad" con lo cual se sospecha que llevaba tiempo utilizándola en nuestro país. Aunque dieron con dos agentes que eran buenos en la detección de copias de documentos. Esa fue su desgracia.

Los agentes de Movilidad Urbana detectaron que tanto los fondos de seguridad como la impresión del documento ofrecían claras dudas de su autenticidad, aunque a simple vista podría pasar por auténtico. Así mismo, existían ciertos datos redundantes de seguridad que no coincidían, verificando en dependencias policiales la falsedad del permiso.

El ciudadano italiano fue detenido y trasladado al Puesto de Policía Nacional en el mismo aeropuerto pro un presunto delito de falsedad documental, que puede suponer habitualmente una condena de dos años y una sanción económica. Los agentes se preguntan a qué habían ido al aeropuerto y cuánto tiempo llevarían circulando de este modo por España sin que nadie los hubiera detectado. El turismo, evidentemente, fue requisado por los agentes.