El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Elche ha condenado a una clínica que ofrece servicios de cirugía estética en Elche a indemnizar con 8.000 euros a una paciente a la que le implantaron unas prótesis mamarias, conocidas como PIP, y que fueron retiradas del mercado al ser defectuosas. La mujer se puso estos implantes para aumentar su pecho en 2008, y a principios del año 2012 acudió al médico por unas molestias en la axila. Una ecografía reveló que tenía cúmulos de silicona en la axila y en la cola mamaria, como consecuencia de la rotura de una de las prótesis PIP. Un mes después, la mujer se sometió a una nueva intervención para retirar los implantes defectuosos y sustituirlos por unos nuevos, de otra marca. Una intervención por la que tuvo que abonar a la clínica otros 1.690 euros, que se suman a los 5.394 que pagó por la intervención original.
La sentencia obliga a la empresa a devolver esos 1.690 euros, además de indemnizar a la víctima con 6.000 euros por daños morales, por las lesiones médicas e inconvenientes de someterse de nuevo a una intervención quirúrgica para sustituir las prótesis. El fallo judicial recoge que si bien la primera intervención a la que fue sometida esta paciente fue correcta, en cuanto a ejecución y desarrollo médico, por lo que no hay negligencia por parte del personal médico. No obstante, sí existe responsabilidad por los daños causados por la misma, ya que «la oferta, comercialización y uso por la clínica de prótesis finalmente defectuosas la hacen responsable de las consecuencias que derivan», tal y como recoge la sentencia.
Diferentes empresas
El abogado de la afectada, Iván Padilla, explica que «se trata de una sentencia importante, que puede marcar un precedente, porque pocas veces se ha conseguido una indemnización por daños morales tan alta. También por la complejidad de resolver las alegaciones planteadas por la empresa, pues lo que había hecho esta clínica es crear varias sociedades para eludir responsabilidades. Una de ellas prestaba la primera consulta, otra de ellas formalizaba la intervención, y otra hizo la extracción y sustitución», explica el letrado. De esta forma, se intentaba desvincular unas intervenciones de otras, y tratar que la paciente abonara, como hizo, los 1.690 euros de la intervención para extraer las prótesis y poner otras nuevas. La juez, no estante, reconoció que las diferentes empresas implicadas eran una sola y operaban bajo la misma cadena de centros de cirugía estética, por lo que también condenó a que se le devolviera a la paciente el coste de la intervención para retirar las prótesis defectuosas y sustituirlas por otras nuevas.
El tribunal también condena a la clínica a correr con las costas y a abonar los intereses generados. Este fallo, apuntó el letrado Iván Padilla, esperan que sirva para que «otras mujeres que estén en esta situación sepan que se puede demandar y que se gana», señaló. De hecho, en los últimos años, son muchos los casos de prótesis PIP que han llegado a los tribunales, y en los que finalmente las afectadas han tenido un fallo favorable. Estas prótesis reventaban y se esparcía la silicona por el cuerpo, creando problemas de salud a las afectadas.
