La denuncia que presentó el grupo Margalló-Ecologistes en Acció sobre la modificación del contrato del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Baix Vinalopó con la mercantil UTE Urbahormar, que conllevaba la reforma de la Planta de Tratamiento de Residuos de Els Cremats, será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia. Así se lo ha comunicado la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes al grupo de ecologistas que presentó la denuncia.
La acusación que presentaron se basa en el supuesto incumplimiento a la hora de adjudicar la reforma de la mencionada planta de diferentes normativas europeas, tanto de contratación pública como medioambientales. Para los ecologistas, las obras de remodelación de las instalaciones de la planta, por su entidad y alcance, que cifran en unos 19 millones de euros, deberían haber comportado una resolución del contrato con la UTE Urbahormar y haber sido objeto de un nuevo procedimiento de contratación, en el que se completara una nueva licitación pública abierta a la competencia.
En caso alternativo, según la denuncia presentada por el grupo de ecologistas, se debería haber realizado un nuevo procedimiento de contratación exclusivamente de las obras de remodelación de la planta. Además, desde Margalló-Ecologistes en Acció piensan que se incumplió el principio de trasparencia, al no publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea ni en ningún otro diario oficial la modificación del contrato del Consorcio con la UTE Urbahormar aprobado durante el mes de octubre del pasado año.
Bloqueo
La admisión a trámite por parte de la UE de la denuncia presentada por los ecologistas no es el único problema que ha mostrado en los últimos tiempos la planta de basuras de Els Cremats.
Sin ir más lejos, varias decenas de sus trabajadores se concentraron el pasado marzo frente a las puertas del Ayuntamiento de Elche para pedir a los responsables políticos que se mojen con respecto al bloqueo entre la empresa concesionaria y los empleados, que llevaban por aquel entonces diez meses de negociación para tratar de sacar adelante un convenio laboral que no se había renovado desde 2013.
Elche es uno de los once municipios de la provincia que trata sus residuos en la planta de basuras de Els Cremats. Las localidades son las que se encargan de pagar a la Diputación para que se lleve a cabo el tratamiento antes de que las basuras sean enterradas y, según los empleados, el Consorcio no tiene deudas.
