La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes se ha puesto en contacto esta semana con Margalló-Ecologistes en Acció para notificarle que ha sido registrada su denuncia sobre la modificación del contrato del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Baix Vinalopó con la mercantil UTE Urbahormar, modificación que conllevaba la reforma de la Planta de Tratamiento de Residuos de Els Cremats. La denuncia, pues, será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia.
La denuncia presentada se basa en el supuesto incumplimiento a la hora de adjudicar la reforma de la mencionada planta de diferentes normativas europeas, tanto de contratación pública como medioambientales. Para los ecologistas, las obras de remodelación de las instalaciones de la Planta TMB, por su entidad y alcance (cerca de 19 millones de euros), deberían haber comportado una resolución del contrato con la UTE Urbahormar, y haber sido objeto de un nuevo procedimiento de contratación, en el que se contemplara una nueva licitación pública abierta a la competencia. En caso alternativo se debería haber realizado un nuevo procedimiento de contratación exclusivamente de las obras de remodelación de la Planta TMB.
Por último, desde Margalló-Ecologistes en Acció piensan que se incumplió el principio de transparencia, al no publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea ni en ningún otro diario oficial la modificación del contrato del Consorcio con la UTE Urbahormar aprobado en octubre de 2017.
Ya el pasado mes de marzo, varias decenas de trabajadores de la planta de tratamiento de residuos de Els Cremats se concentraron a las puertas del Ayuntamiento ilicitano para pedir a sus responsables políticos que se "mojen" con respecto al bloqueo que existe entre la empresa concesionaria y los empleados puesto que llevaban diez meses de negociaciones para tratar de sacar, sin éxito, un convenio laboral. El útimo databa del año 2013.
Elche es uno de los diez municipios de la provincia, además del de Torrevieja, donde sus basuras son tratadas en esta planta y son estas localidades las que pagan a la Diputación para que se lleve a cabo este tratamiento de basuras antes de ser enterradas.
Los trabajadores, según el comité de empresa, no entendían cómo la empresa seguía "con una postura tan fuerte", cuando estamos hablando de un consorcio que no tiene, según siempre los empleados, deudas ni créditos a devolver y, por tanto, esta prestación está saneada.
