El Ayuntamiento ha activado la maquinaria para hacerse con el control del antiguo edificio de la Seguridad Social situado en el centro de Elche, con la intención de rehabilitarlo y darle un uso municipal. El pleno aprobó ayer por unanimidad pedir a la Administración General del Estado la cesión de uso al Consistorio ilicitano del inmueble situado en la Mare de Déu del Carme. Un bloque de cuatro plantas de más de 100 metros cuadrados cada una que permanece cerrado desde hace más de un año y que tras salir a subasta este verano nadie ha querido hacerse con su propiedad, pese a salir a la venta por poco más de 400.000 euros.
Desde el equipo de gobierno aseguraron ayer haber iniciado ya las gestiones para hacerse con el inmueble e incluso un estudio para valorar el coste de la reforma para ponerlo en funcionamiento, debido al deterioro por el desuso y las carencias en accesibilidad. Algo que, según la concejal de Hacienda, Ana Arabid, han iniciado los técnicos municipales hace unos meses, del mismo modo, que también han mostrado al Ministerio el interés municipal por el edificio.
No obstante, ante el estado en el que se encuentra ahora el edificio que llegó a concentrar una intensa actividad al dar servicio a buena parte del centro de la ciudad y tras conocer que la Administración central no recibió oferta alguna, tal y como publicó este diario, el PP presentó ayer una moción en el pleno municipal para reclamar al equipo de gobierno, precisamente, hacerse con ese inmueble. Los populares, de la mano de Pablo Ruz, apuntaron a la conveniencia de recuperarlo como un centro social, pues el más próximo está ubicado en el barrio de El Raval y da servicio potencial a más de 20.000 personas. Además, los populares alegaron que en la zona no existe ningún espacio municipal destinado a jóvenes y niños, por lo que también plantearon destinar las instalaciones al ocio juvenil.
Finalmente, al acuerdo al que ayer se llegó en el pleno, tras presentar el PSOE una enmienda de sustitución a la moción del PP, fue pedir a la Administración central una cesión indefinida por el inmueble para rehabilitarlo y destinarlo a oficinas municipales o cualquier otro uso público a determinar.
Vecinos de la zona centro, comerciantes y residentes cercanos a la sede de la Seguridad Social han empezado a lamentar el cierre de este inmueble público que ha quedado en desuso y que ha contribuido a dejar la calle Mare de Déu del Carme más desierta aún si cabe ante la «fuga» de un servicio que propiciaba que en la zona hubiera un mayor movimiento de gente. Ahora, las oficinas situadas en la avenida de Santa Pola centralizan el servicio que se daba en el casco histórico.
Por otra parte, el equipo de gobierno aprobó ayer ampliar la protección del Clot de Galvany para blindar frente a los intereses urbanísticos el Fondet de la Senieta y las lomas y saladares de Balsares. PSOE, Compromís y Partido de Elche sacaron adelante la moción con la abstención de la oposición. El objetivo es conceder la máxima protección a otras 342 hectáreas, que se suman a las 366 ya blindadas en el paraje natural municipal, de manera habrá 700 hectáreas protegidas en total, una vez que el Consell dé el visto bueno definitivo. El edil de Medio Ambiente, Antonio García, señaló ayer que dentro de este espacio se encuentra un patrimonio importante, como es una torre vigía, asentamientos de artillería ligera y restos de época romana.
Otras medidas
El Ayuntamiento también se comprometió ayer a acondicionar, tras la petición de Ciudadanos, los calabozos de la Jefatura de la Policía Local, después de estar en desuso por un altercado con un detenido que acabó tirando abajo unas rejas en 2014. La razón que dio ayer el edil de Seguridad Ciudadana, Pepe Pérez, para justificar la falta de soluciones, pese a haber transcurrido cuatro años, es que se está elaborando un estudio jurídico para ver a quién le corresponde hacerse cargo del coste de la reparación y de los daños estructurales que presentan las celdas, si es el Consell que hizo la obra o es al Ayuntamiento.
Por otra parte, el pleno dio luz verde a reclamar de nuevo al Gobierno central que señalice las autovías de Elche como un destino preferente en la red de carreteras, después de que ya lo exigiera el equipo de gobierno hace un año. Compromís puso ayer el foco en esta necesidad, tras conocer, a través de una respuesta parlamentaria a su grupo en el Congreso, que Fomento no pretende hacer una excepción con Elche y que la ciudad solo tiene que tener carteles informativos en un radio de 20 kilómetros. La portavoz de Compromís, Mireia Mollà, volvió a pedir responsabilidad al ministro socialista valenciano, José Luis Ábalos, para tener en consideración la tercera ciudad de la Comunidad y hacer una excepción como en su momento se hizo con Benidorm, sin ser una capital de provincia. También se elevará la petición, tras plantearlo Cs, al Consell y la Diputación para que el municipio sea tratado como destino preferente en las carreteras que son de su competencia.
