Mientras la ciudad genera casi ocho mil toneladas más de basura que hace cinco años, la recogida de papel y cartón sigue cayendo en picado y contándose por miles de kilos menos. Así está el panorama en la ciudad respecto a los peores año de la última crisis económica. Los robos en los contenedores de reciclaje son todavía una realidad en Elche, tal y como señalan desde el Ayuntamiento.
De recoger 1.850 toneladas en 2012 a conformarse con 1.560 toneladas el pasado ejercicio. Es lo que muestra el resumen de producción de residuos publicado por el equipo de gobierno durante la consulta pública de limpieza. Pese a que la población ha crecido y la recuperación económica ha empezado a notarse, la cantidad de papel y cartón que llega a la planta de reciclaje sigue sin recuperarse y sin llegar a los niveles de hace un lustro. En total, se reciclan 300 toneladas menos. Algo que desde el departamento de Limpieza, dirigido por Héctor Díez, atribuyen a los robos que siguen produciéndose en la calle.
La situación se produce a la inversa con la recogida de residuos sólidos urbanos. En este caso, de 81. 937 toneladas, la planta de basuras ha pasado a gestionar 89.771 toneladas. Los envases también van al alza, al igual que ocurre con los enseres, cuya recogida se ha disparado en el último lustro, coincidiendo, además, desde que el Ayuntamiento se hace cargo de retirarlos de los contenedores. En cifras, la empresa de limpieza retiró 6.700 toneladas de enseres el pasado año, frente a los apenas 325 toneladas que contabilizó en 2012.
Por contra, el reciclaje de vidrio sigue siendo la asignatura pendiente de los ilicitanos, ya que también se recogen menos kilos que hace cinco años. Los residuos industriales empiezan a despuntar y a aproximarse a los niveles de la crisis, al haber generado en el último año 17.200 toneladas.
Consulta pública
De todo ese volumen de residuos tendrá que ocuparse la empresa que se haga cargo del servicio de limpieza y de basura a partir de enero de 2020. Hasta entonces, el Ayuntamiento tiene como reto licitar y adjudicar la contrata que costará más de 220 millones de euros para la próxima década.
Para dejar atado el servicio, el equipo de gobierno se ha comprometido con estudiar las propuestas de 40 colectivos y de seis empresas que han participado en la consulta pública. El objetivo del equipo de gobierno es acabar el mandato con la contrata ya licitada, ya que los trámites para su adjudicación podrían alcanzar todo un año.
