El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), en su sección de la Comunidad Valenciana, ha recurrido ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche el nombramiento de siete oficiales de la Policía Local al detectar una serie de supuestas irregularidades que van desde la falta de publicidad de la convocatoria de elecciones hasta el hecho de que algunos obtuvieran la plaza sin ni siquiera presentarse al examen, según explicaron fuentes de la agrupación sindical.
Se trata de una convocatoria del año 2016, cuyo fin, sostienen las mismas fuentes, era «legalizar unos puestos creados en el año 2004 de forma irregular, cuando los inspectores se nombraron en calidad de interinos, pese a que la ley lo impide».
El sindicato considera que estas presuntas irregularidades han dado lugar a un trato de favor a los agentes que ha sido ocultados todos estos años. Uno de los beneficiados sería, dice el sindicato, «un hijo del entonces jefe de la Policía», mientras que los otros nombramientos se habrían producido por «vínculos sindicales o políticos».
El SPPME sostiene que existen informes emitidos por la Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias que «aclara meridianamente la situación de ilegalidad de los inspectores interinos», y que el edil de Recursos Humanos, José Pérez, es conocedor del informe pero «ha decidido silenciarlo y no resolver la situación irregular de dichos inspectores, los cuales nos consta se han reunido con dicho concejal para presionar en el sentido de que no les cesen y mantener el status quo y prebendas que corresponden a su categoría, con el evidente perjuicio a aquellos funcionarios que legítimamente pudieran tener derecho a ocupar plazas de inspector de policía vacantes y que cuentan desde hace años con titulación legal y formación para ello».
La agrupación de trabajadores sostiene que, gracias a la demanda presentada en el Contencioso-Administrativo, han podido a acceder a ciertos expedientes y que, una vez analizados, «podemos decir con meridiana claridad que más de un inspector no tenía titulación legal para que en su día fuera nombrado como inspector, lo cual ahora pretenden subsanar dado que algunos años después consiguieron sacar titulaciones válidas que ahora les dan por buenas para que sigan en sus puestos».
La primera sesión por este recurso tuvo lugar esta misma semana, cuando se le tomó declaración a varios de los inspectores señalados por el sindicato. También estaban citados técnicos de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Elche.
Ahora será el juzgado quien determine la legalidad de la convocatoria de oposiciones y el posterior nombramiento de las plazas de inspector, o si, por el contrario, el Consistorio cometió una irregularidad.
