La Policía Nacional de Elche está registrando en estos momentos la sede de iDental en Elche, una de las tres de la Comunidad Valenciana que estaban cerradas pero pendientes de recabar toda la información posible sobre la supuesta estafa denunciada por miles de usuarios, asunto que ya está judicializado. Maria Victoria Garrido, subdirectora de la Dirección General de Alta Inspección de Sanidad, ha acudido junto al gerente del Hospital General de Elche, Carlos Gosálvez. Además de toda la documentación que se está llevando la Policía Judicial se está haciendo inventariado de todo el material, que se confiscará para poder indemnizar a los afectados.
A media mañana, decenas de cajas con toda la documentación se ha presentado para su traslado, mientras los agentes revisaban, box a box, todas las instalaciones para determinar todo el material que se encuentra en el interior de la clínica.
Pacientes con tratamientos a medias, con algunas lesiones derivadas de los mismos e incluso afectados que habían pagado miles de euros por tratamientos que no llegaron a recibir, centran las denuncias de los afectados. De hecho, las denuncias van hasta contra los facultativos. En Elche, se ha creado una plataforma de afectados para exigir soluciones, y hacer fuerza de cara a las reclamaciones pertinentes. La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha tramitado cerca de un millar de casos. Los técnicos se han reunido en varias ocasiones con los afectados, para informarles de los trámites a seguir para efectuar las reclamaciones pertinentes.
Esta misma semana se ha sabido que los afectados por el fraude de iDental en Elche ya pueden ir solicitando sus historiales a la Conselleria de Sanidad, que este lunes recibió el auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que permite el traslado de los expedientes.Fuentes sanitarias han informado a la agencia Efe de que en los próximos días se coordinará, junto con la policía judicial, el traslado de los expedientes. La Comunitat Valenciana, donde hay cinco clínicas, es la más afectada de España, con más de 200.000 usuarios.
El pasado viernes, las comunidades autónomas afectadas por el fraude acordaron con José de la Mata coordinarse y poner en común los datos de los cientos de miles de perjudicados para agilizar la investigación de esta macrocausa.
Durante el encuentro se decidió que las autonomías tenían la custodia y la gestión de dichos historiales, lo que incluye la entrega de las copias a los afectados. La directora general de la Alta Inspección Sanitaria, María Victoria Garrido, calificó la reunión como "muy útil" y explicó que el magistrado les haría llegar en unos días las instrucciones para proceder a la entrega de los historiales.
