La rebaja de la tarifa del agua del trasvase Tajo-Segura también es objeto de enfrentamiento en algunas comunidades de regantes del Camp d'Elx. Un grupo de comuneros de la Comunidad de Regantes de la Sexta y la Séptima ha hecho llegar a Riegos de Levante su malestar por el hecho de que no se haya convocado una asamblea en su comunidad para decidir el nuevo precio del agua, que ha sido aprobado directamente por los miembros de la junta de gobierno. En esta comunidad se ha fijado el precio de la hora de agua en 58 euros, después de aplicar la rebaja a la tarifa que se venía cobrando.
En un escrito los comuneros insisten en que están en contra de este procedimiento. Los mismos rechazan que «la junta de gobierno fije los precios y resuelva temas de gran interés sin contar con los comuneros que ven como sólo miran por sus intereses en vez del interés general».
El presidente de la comunidad de regantes de la Sexta y la Séptima, Trinitario Agulló, explicó que «la decisión se adoptó en una junta de gobierno para trasladar a los comuneros la rebaja que ha aplicado Riegos de Levante», y que la fórmula que se ha adoptado es «suficiente», por lo que no encontró explicación a la quejas.
Otro tema que ha generado controversia en esta comunidad es el reparto del tasazo, la contribución de los regantes para el mantenimiento del acueducto Tajo-Segura. En la Sexta y la Séptima, como confirma su presidente, el impuesto se está cobrando con las horas de agua, de forma que lo están sufragando los agricultores que hacen uso de los recursos hídricos. Este modelo choca con el que ha adoptado la comunidad general de Riegos de Levante, que opta por repartirlo entre la superficie con derecho a riego, aunque no se haga uso del agua.
En la Sexta y la Séptima hay un grupo de comuneros que rechazan que el coste lo sufraguen sólo los que riegan, cuando del derecho a riego se benefician todos, y así quieren expresarlo en una asamblea, que, sostienen, «tampoco ha sido convocada para abordar este asunto, y se ha decidido en una junta de gobierno».
En respuesta a esta crítica Trinitario Agulló dijo que la junta de gobierno está facultada para tomar estas decisiones y que «el modelo por el que hemos optado es el mismo que se está aplicando en otras comunidades de base como las del Tercero, Bacarot o Crevillente».
