La nueva ley de contratos públicos que está asfixiando a la mayoría de ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, por tener que comenzar prácticamente de cero con la tramitación de los procedimientos, además de introducir un mayor control sobre las empresas que se presentan a las licitaciones, ha acabado obligando al Consistorio ilicitano a recurrir a personal externo.
El área de Hacienda, dirigida por la edil Ana Arabid, se ha visto obligada a tirar de personal extra para dar abasto ante la avalancha de trabajo en estos seis últimos meses en los que está en vigor la nueva ley. Dos profesionales se incorporaron al departamento antes de la puesta en práctica de la normativa y la intención es incorporar a más personal antes de que finalice el año.
No se trata de la única medida a la que ha tenido que recurrir el Ayuntamiento para aliviar la sobrecarga sobrevenida por el cambio legislativo aprobado por amplia mayoría en el Congreso. Se trata de una reorganización que afecta a todos los departamentos. El área de Hacienda ha descentralizado la tramitación de los contratos menores y su gestión la ha transferido al resto de concejalías para aliviar la sobrecarga y agilizar las licitaciones.
De este modo, ahora, los diferentes departamentos municipales se están ocupando de tramitar los contratos menores de 15.000 euros, en caso de servicios, y de 40.000 euros, en caso de obras. Todo ello, con la vista puesta, según la edil Ana Arabid, en que este tipo de «adjudicaciones directas» vayan a menos desde la implantación de la nueva ley y el objetivo es que sean una fórmula residual dentro de los ayuntamientos, ya que la tendencia es apostar por los procedimientos abiertos para frenar esas adjudicaciones interpretadas desde fuera muchas veces como «a dedo». El desafío pasa por tramitar al máximo las grandes contratas en lotes en busca del beneficio de las pymes y evitar así los fraccionamientos de contratos.
Así las cosas, todas las áreas municipales han acabado viéndose salpicadas por este cambio de rumbo en la Administración local. Desde el área de Hacienda descartaron la existencia de un bloqueo como tal dentro del Consistorio ilicitano desde la implantación de la nueva ley, pero sí que calificaron de haber sufrido una «revolución» en este último semestre para cambiar uno a uno los modelos de los pliegos de condiciones y adaptarlos a procedimientos abiertos.
Y es que en un semestre Hacienda ha tramitado una treintena de contratos, de los que la mitad han sido adjudicados y el resto se encuentran en una tramitación avanzada. Una cifra que se traduce en alrededor de 4 millones de euros y que, la edil , Ana Arabid, interpreta como «positiva», aunque reconoce que, ahora en adelante, una vez superada la fase de adaptación, lo normal sería que el Ayuntamiento fuera capaz de tramitar más procedimientos de los que hasta ahora se han gestionado.
No obstante, también es cierto que el pasado ejercicio este departamento municipal tramitó 400 expedientes, lo que supuso duplicar la actividad contractual respecto a 2016.
Oposición oyente
Otra de las obligaciones que tiene ahora entre sus manos el Ayuntamiento es controlar incluso que las empresas cumplen con los convenios colectivos. Se suma a la larga lista de cambios que han afectado a la carga de trabajo de los funcionarios.
Otro de ellos es la reorganización en la mesa de contratación. Un organismo por donde pasan todas las ofertas de las empresas interesadas en adjudicarse una obra u proyecto, donde ahora los técnicos tienen un mayor protagonismo, por encima de los políticos. Y eso conlleva a que ahora los partidos de la oposición acuden a estas convocatorias como meros observadores. Según la edil de Hacienda, se les continúa invitando como oyentes, pero sin voz ni voto.
