Un plan contra la explotación laboral, para combatir la precariedad laboral, las bolsas de economía informal y los trabajos en condiciones precarias en el sector calzado. Esto es lo que el Ayuntamiento de Elche, respaldado por las seis fuerzas con representación municipal, ha acordado pedir al Gobierno central, con la mira puesta sobre todo en las aparadoras. Otra cosa es qué recorrido pueda tener esta declaración institucional, impulsada inicialmente como moción por parte del PSOE.
La iniciativa aspira también a que se haga realidad un estudio de viabilidad para el posible reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad Social, sobre todo en lo concerniente a la jubilación, «dado que los años de trabajo efectivo se han realizado por parte de la trabajador, y además su infracotización o en muchos casos cotización inexistente por falta de contrato, no ha sido una decisión voluntaria de la trabajadora», según se recoge en el texto inicial defendido por los ediles socialistas Patricia Macià y Héctor Díez.
La declaración institucional también reclama modificar la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, así como el incremento sustancial en las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, todo ello a través de un plan específico que dé control al cumplimiento de las normas laborales, con aumento de recursos humanos y materiales al efecto.
En la declaración institucional se hace referencia a que, según un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, un 28% del PIB provincial lo representa la economía sumergida de la provincia, mientras que un estudio de la Universidad de Alicante refleja que el 88% del trabajo de aparado se realiza al margen del sistema legal, bien en talleres clandestinos, bien en domicilios particulares. La iniciativa también insta al Consell a propiciar cooperativas de aparadoras.
