El cabecilla de la macrooperación contra el fraude fiscal que culminó con un amplio registro en el bulevar del Parque Empresarial a principios de mayo, junto con otro centenar de empresas en otras nueve ciudades españolas y otras tantas en varios países de Europa, ha acabado entregándose a la Policía Nacional, tras casi dos meses de destaparse el caso. El hombre, al que la UDEF y la Europol considera el líder de la trama empresarial para defraudar IVA, se encontraba con su hijo, al que los agentes también consideran cómplice, en EE UU, a la espera de que se formalizara la orden internacional de detención. No obstante, y antes de que esta se produjese, el empresario volvió para declarar voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche, que asumió el caso desde el principio. Un interrogatorio de más de siete horas que, pese a su colaboración ante la Justicia, acabó con su ingreso en prisión sin fianza, por el momento.
Fuentes judiciales apuntaron que el hombre se mostró colaborativo y respondió a todas las preguntas planteadas. Y aunque reconoció parte de los hechos, otros los imputó directamente a las empresas que él subcontrataba. A quien sí exculpó por completo fue a su hijo, que se encontraba con él en EE UU y que no ha regresado a España, para evitar ser arrestado. De esta forma, la instrucción de caso dio un paso importante para ir encajando todas las piezas del puzzle, aunque se ha pedido al Supremo que sea la Audiencia Nacional quien asuma el caso, y se está a la espera del dictamen de este tribunal para saber si la competencia recae en Instrucción de Elche, como hasta ahora, o en la Audiencia Nacional, al haber detenidos de todas partes de España e incluso a nivel internacional.
Por el momento, el cabecilla permanecerá en prisión provisional sin fianza. No ocurre lo mismo con el caso de los dos cabezas del núcleo de empresas que operaba en la ciudad, el abogado ilicitano Manuel Roig y el empresario Ramón Sánchez Sáez, para quienes la magistrada ha fijado una fianza de 200.000 euros. Una cantidad alta dado el volumen de lo defraudado. Y es que los investigadores fijan el fraude en 42 millones de euros en España. Una cifra que asciende hasta los 60 si se tiene en cuenta las operaciones delictivas realizadas en otros países. Durante los años en los que operaron, al menos desde 2012, movieron cerca de 400 millones de euros.
Los implicados también están acusados de un delito de blanqueo de capitales. Según la UDEF llegaron hasta a comprar un manantial de tres millones de euros para blanquear dinero. Otra forma de hacerlo, y que valió a los investigadores para abrir una pieza separada, era a través de compraventa de coches de segunda mano. En esta operación se detuvo también al hijo del narcotraficante gallego, Laureano Oubiña.
Ahora, tan solo queda conocer si la instrucción se seguirá en Elche o el Supremo, como ha pedido el juzgado ilicitano, dictamina que es competencia de la Audiencia Nacional. El informe remitido al Supremo está a la espera del informa de la Fiscalía ilicitana, que según ha podido conocer este diario, comparte el criterio de la magistrada del juzgado de Instrucción número 5 de Elche.
