La mayoría de los grupos municipales ya han entrado en modo elecciones y ayer lo dejaron entrever votando de forma diferente dentro del seno del propio tripartito (PSOE, Compromís y Partido de Elche) o en alianzas entre algunos de los partidos de la oposición, sobre todo entre Cs y PP que ayer sacaron adelante en el pleno del Ayuntamiento de Elche una rebaja del 6,52% en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el próximo ejercicio, lo que, a juicio del equipo de gobierno y de algunos grupos de la oposición apenas supondría una rebaja en el recibo anul de 5, 10, 15 o 25 euros, 100 a lo sumo para las rentas más altas
Aunque ayer lo aprobó el pleno con los votos a favor de Cs, PP, Ilicitanos por Elche y Partido de Elche, esta medida podría o no llevarse a cabo. El equipo de gobierno podría desoír esta moción aprobada y no hacerla efectiva aunque vaya en contra de la mayoría del pleno respaldado en la Ley de Grandes Ciudades, tal y como hacía el ejecutivo anterior del PP. No obstante, el hecho de que el tripartito esté en minoría y que en los últimos años haya dependido de Cs para aprobar los presupuestos, hace presagiar que sí habrá rebaja del IBI.
Cs propuso de entrada un descenso del recibo de un 5%, pero el PP presentó una enmienda, que se aceptó por Cs, de manera que bajara hasta el 6,52%.
Ante ello, el PSOE, a través de su edil de Hacienda, Ana Arabid, inquirió a Cs que les dijera también de dónde debían quitar los tres o cuatro millones, que en principio se dejarían de recaudar, que se destinan a servicios e inversiones, además de remarcar que una bajada del 5 o el 6% puede suponer tan solo 5, 10 o 15 euros al año en el recibo del IBI, algo, a su juicio, que tampoco ayuda a ninguna familia, salvo a las rentas más altas, tal y como también remarcó Compromís.
Sin tocar los servicios
Por su parte, edil del Partido de Elche, Jesús Pareja, quiso recordar que el PP, cuando gobernaba, subió el IBI un 16%, mientras que Fernando Durá, de Ilicitanos por Elche, también sacó a relucir que el tripartito llegó a tener 3.250.000 euros en gastos extraordinarios, como por ejemplo la Xarxa Llibres o pagas pendientes a funcionarios municipales, y que no se tocaron los servicios.
Compromís, por su parte, llegó a sugerir que si la oposición hubiera propuesto duplicar la cuantía de 150 euros para las ayudas al IBI a las rentas menos favorecidas, posiblemente hubiera habido consenso, al tiempo que reclamó a Cs y PP que fueran serios y dijeran dónde tendrían que recortar.
El PP, a través del portavoz adjunto Vicente Granero afeó aún más al tripartido al asegurar que el pasado año, de los 10,5 millones de inversiones previstos, apenas llegaron a los cuatro. «Ya tenemos el problema resuelto», agregó.
Cs concluyó su intervención rememorando cómo el PSOE, durante el mandato de Mercedes Alonso, reclamaba continuamente una bajada del IBI, todo ello antes de denominar al tripartito «gobierno del bloqueo, de la parálisis».
Por otra parte, el grupo municipal del PP volvió a quedar en evidencia una vez más al abstenerse (todos los demás votaron a favor) en la denuncia del pleno contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como en sumarse a expresar el compromiso municipal en la puesta en marcha de medidas encaminadas a erradicar esta lacra social contra la denominada «LGTBfobia». Al menos, el PP sí se sumó junto con el resto de fuerzas políticas municipales a la declaración institucional para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTB.
Comisión especial
De igual modo, el grupo municipal popular logró el apoyo unánime al proponer la creación de una comisión especial en materia de Juventud en el Ayuntamiento. El edil popular Sergio Rodríguez incluso dijo «romper una lanza» por la edil de Bienestar Social, Tere Maciá, quien reconoció que es necesario un plan de juventud para ahora y años sucesivos.
La moción sorpresa de la jornada vino de la mano del PSOE, la única que presentó, al conseguir que se declarara Elche «libre de paraísos fiscales», propuesta que generó sobre todo la estupefacción de su socio de gobierno Compromís, al recordar que eso es algo que los municipios no pueden hacer. El PSOE concretó que se trata de estudiar, detectar y activar los mecanismo para dificultar la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz domiciliada en éstos.
