Desatascadas un millar de solicitudes para recibir las ayudas de la Ley de Dependencia en Elche. El Ayuntamiento ha conseguido desbloquear 965 expedientes remitidos por la Generalitat Valenciana, pendientes de valorar y de tramitar y atrasados durante años ante el colapso en la Administración autonómica. No obstante, el trabajo no acaba ahí. Y es que la Concejalía de Bienestar Social se enfrenta ahora a una nueva avalancha de expedientes remitidos desde València para registrarlos telemáticamente antes de emitir las ayudas.
En total, el Consistorio ilicitano tendrá que dar salida a más de 800 peticiones, tal y como cifraron desde la Concejalía dirigida por Tere Maciá, después de que el Consell haya transferido a los ayuntamientos la obligación de grabar en una aplicación informática cada caso. Se trata del último paso, una vez valorada ya la situación y el entorno del solicitante, para que el Consell pueda remitir una resolución y, como consecuencia, para que la ayuda económica pueda hacerse efectiva.
Estos expedientes en los que ahora trabaja el Ayuntamiento de Elche pertenecen al 2017, año en el que se registró todo un aluvión de solicitudes de familias que al ver cómo se flexibilizaron los requisitos de la Ley de Dependencia se animaron a solicitar recursos a la Generalitat Valenciana.
Así lo explica también la presidenta de la plataforma En Defensa de la Ley de Dependencia de Elche, Rosario Vives. «Al ver que las ayudas empezaban a llegar a la gente, que se reconocía la retroactividad y que se tarda menos en resolver se ha producido una especie de efecto llamada y por eso hay una avalancha», apunta la representante del colectivo.
Desde el Ayuntamiento estiman que hay en Elche alrededor de 4.400 personas dependientes en términos generales, desde afectados que reciben ayudas, como los que están todavía pendientes del reconocimiento.
De este modo, pese a que los tiempos de resolución se han acortado y las subvenciones llegan antes a las familias, los afectados todavía insisten en la necesidad de agilizar la tramitación del reconocimiento de la Ley de Dependencia. Y es que, aunque el compromiso del Consell era reducir a seis meses el plazo de resolución, desde la plataforma ilicitana apuntan que hay casos que se llegan a resolver en 18 meses, por lo que reclaman que el Consell cuente con más medios para reducir la demora. «Dos años para una persona mayor o para un dependiente sigue siendo mucho tiempo, es un mundo», lamenta Rosario Vives, quien reconoce, no obstante, que en la pasada legislatura, el atasco llegaba hasta tal punto que se tardaba cuatro años en resolver. Frente a ello, desde el equipo de gobierno rebajaron en 9 meses el tiempo que se tarda en tramitar una ayuda a una persona dependiente.
Congestión
Sea como sea, la avalancha de solicitudes ha disparado la carga de trabajo en el Ayuntamiento y la Concejalía de Bienestar Social ha acabado pidiendo refuerzos al departamento de Recursos Humanos. Y es que ante el cúmulo de peticiones de dependencia no es suficiente con el equipo de trabajadores que hay subvencionados por el Gobierno valenciano, por lo que el área de Tere Maciá ha reclamado aumentar el personal, tanto de trabajadores sociales, como administrativo.
A este panorama, se suma también el aluvión de trámites que tiene que afrontar también el Ayuntamiento ante la entrada en vigor de la nueva Renta Valenciana de Inclusión, lo que está suponiendo un quebradero de cabeza para los trabajadores sociales de los ayuntamientos, encargados de tramitar esta ayuda para aquellas familias que ya han agotado todos los recursos económicos.
