El archivo de la querella contra la excúpula de Riegos de Levante ha sido analizada por los denunciados por El Canal como un gesto que refleja que la gestión de la etapa en la que estuvo al frente de la comunidad general, Manuel Serrano, se hicieron todas las gestiones conforme a la legalidad.
El que en aquella época ejercía como portavoz de la comunidad general, Ángel Urbina, manifestó ayer «hemos sufrido una campaña de acoso y derribo por parte de personas que ahora están al frente de Riegos de Levante», por lo que consideró que «la querella influyó en el resultado de las elecciones» que ganó Javier Berenguer.
Desde la anterior cúpula directiva de Riegos de Levante destacaron que el auto de sobreseimiento dictado por la Audiencia Provincial viene a ratificar el que emitió el juzgado hace algo más de un año, que consideró que no existían «indicios racionales de criminalidad contra los acusados». En el auto del Juzgado de Instrucción número 1 se indicó que no se puede concluir que los anteriores presidente y secretario, Manuel Serrano y José Manuel Miralles, actuasen a espaldas de la asamblea para llevar a cabo unas operaciones financieras, ya que el presidente estaba facultado para gestionar y firmar documentos pertinentes con las entidades financieras que estimase convenientes en ejecución de los acuerdos referentes a la realización de las obras de modernización.
Sobre las desviaciones denunciadas entre lo presupuestado y ejecutado, el auto indica que no se ha acreditado que tales desviaciones no respondan a la propia dinámica de la comunidad general.
En cuanto a la denuncia en torno al desvío de las subvenciones de la Generalitat, que no se destinaron a la amortización de préstamos, el auto dijo que «las subvenciones se conceden en atención a la realización de unas obras de modernización de regadíos y sólo para ese fin, obras cuya realidad no resulta no controvertida».
Finalmente, con relación a la presunta comisión de delitos de estafa y falsedad documental por la facturación de un ingeniero, el auto indica que no se aprecia indicio alguno de delito.
Por este motivo, insistió Ángel Urbina, «se manchó nuestro nombre de forma injustificada», por lo que, añadió, ahora «vamos a estudiar la posibilidad de presentar una querella criminal contra las personas que impulsaron estas denuncias, porque la Justicia nos ha dado la razón».
Todo ello fue valorado después de que El Canal, que presentó la querella con el acuerdo unánime de su asamblea, haya indicado que, tras archivarse la denuncia por la vía penal, se estudiará la posibilidad de acudir a la vía civil.
