La Audiencia Provincial ha archivado la querella que la Comunidad de Regantes de El Canal presentó por la vía penal contra la anterior cúpula de Riegos de Levante, a la que acusaba de presuntos delitos de estafa, administración desleal, de desvío o fraude de subvenciones, de llevanza de doble contabilidad y de falsedad de documento mercantil.

La querella exponía temas como que los anteriores presidente, secretario y un ingeniero - Manuel Serrano, José Manuel Miralles y José Pagés- contrataron operaciones financieras no autorizadas por la asamblea general de Riegos de Levante, y que comprometieron a los regantes con obligaciones de pago de hasta 1,4 millones de euros. La querella también recogía que se ejecutaron inversiones hasta ocho veces superiores a las que estaban presupuestadas sin que las decisiones se sometiesen a votación en la comunidad general, o que se destinaron subvenciones de la Generalitat, por valor de más de seis millones de euros, a fines distintos a los que estaban autorizados. El Juzgado de Instrucción número 1 de Elche decretó el sobreseimiento hace un año, pero El Canal presentó un recurso de apelación, que, finalmente, ha sido rechazado por la Audiencia Provincial, que da por buena la medida que adoptó el juzgado en abril de 2017, el mismo que en mayo de 2016 dictó un auto en el que pedía la apertura del juicio oral contra Manuel Serrano y José Manuel Miralles por un presunto delito de administración desleal, y contra José Pagés por un presunto delito de estafa y falsedad documental. No obstante, la Fiscalía no presentó acusación formal después de examinar la prueba pericial.

Ahora, un año después, el auto de la Audiencia Provincial indica que «son numerosos los hechos que se denuncian como delitos de naturaleza económica», y que «el punto de partida se centra en que la determinación del origen de la responsabilidad sea penal, civil, o mercantil, si la hubiere, debe necesariamente centrarse en la prueba pericial de contenido económico practicado, puesto que una operación mercantil puede ser monetariamente un fiasco, pero no por ello un delito, al faltar bien el elemento doloso, bien el elemento imprudente».

De esta forma, la Audiencia Provincial decreta el archivo pero deja abierta cualquier otra vía al querellante, El Canal, desde donde indicaron que van a analizar la situación y a decidir si emprenden nuevas acciones por la vía civil, ya que consideran que la prueba pericial refleja que la gestión realizada en Riegos de Levante no fue correcta.