La Audiencia Nacional ha rechazado asumir el caso de la macrooperación contra el fraude fiscal que se desarrolló hace semanas en el Parque Empresarial de Elche, además de en otras nueve ciudades españolas. El Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad asumió el caso desde que comenzaron las investigaciones hace cerca de un año y medio. Escuchas telefónicas, seguimientos e informaciones del centenar de empresas que formaban el entramado, tanto en España como en Portugal e Italia, donde se extendía la red, han sido destapadas por este tribunal, que en las últimas semanas, al igual que la Fiscalía de Elche, se ha visto desbordado por el aluvión de recursos, peticiones de desbloqueo de cuentas y demás trámites de todo entramado.

Esta avalancha contrasta con la carencia de medios en la Ciudad de la Justicia de Elche, lo que ha provocado que desde el organismo ilicitano se solicitara a la Audiencia Nacional que asumiese el caso. Y es que ya no se trata de la complejidad en sí misma de la causa, que también, sino de que hay detenidos e investigados en todo el territorio nacional, por lo que desde los juzgados de Elche se considera que lo más operativo es centralizar la investigación en la Audiencia Nacional.

Tras el rechazo del tribunal a quedarse con la causa, desde la Ciudad de la Justicia de Elche se solicitará al Tribunal Supremo que determine de quién es competencia, ya que tanto desde el Juzgado de Instrucción 5 como desde la Fiscalía de Elche se considera que es la Audiencia quien debe continuar con el caso. Mientras tanto, el organismo ilicitano no deja de recibir recursos derivados del caso, para desbloquear cuentas y otros trámites administrativos derivados de la operación policial.

El caso se destapó a principios de mayo, cuando registros simultáneos en diez ciudades españolas, y también a nivel europeo, culminaron una investigación iniciada hace más de un año por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, en Madrid, y en la que participaron equipos policiales a nivel europeo y la Agencia Tributaria. La macrooperación se saldó con 58 detenidos, varios de ellos en Elche, donde se encontraba uno de los dos centros neurálgicos de la organización, junto al que estaba en Madrid. Entre los arrestados, está el abogado ilicitano Manuel Roig, y el empresario Ramón Sánchez Sáez , que se encuentran en prisión provisional sin fianza.

La mayoría de empresas, de origen tecnológico, usaban mercantiles pantalla para defraudar IVA. Hasta 42 millones de euros piensan los investigadores que estafó la trama en España. Una cifra que asciende hasta los 60 si se computa a nivel europeo. Además, la red está acusada de blanqueo de capitales, ya que para «regularizar» ese dinero se hicieron numerosas inversiones inmobiliarias, compras de coches de lujo y otras operaciones. Hasta un manantial de tres millones de euros llegaron a comprar con el dinero obtenido.

Eso sí, los cabecillas de la trama se encuentran todavía en EE UU, a la espera de que sean detenidos y trasladados ante las autoridades españolas.