Ni con una orden municipal. La propiedad del hotel de Arenales se ha opuesto a reforzar el vallado que rodea la vieja estructura en primera línea de playa. Los dueños han alegado contra la petición del tripartito para cambiar el cercado de acero por las deficiencias que presenta y por los riesgos de caída en algunos tramos. De momento, al igual que ya hizo cuando reculó a la hora de tirar abajo el edificio por razones de seguridad, la firma del complejo hotelero en ruinas no tiene previsto, por el momento, mover ni un dedo en la costa ilicitana. Así se lo han hecho llegar ya a la Concejalía de Urbanismo, dirigida por José Manuel Sánchez, donde han activado la maquinaria para asumir los costes de la seguridad y después pasarle la factura a los propietarios.
Después de contestar al Ayuntamiento, tras la orden enviada el pasado mes de abril, los dueños alegan que la infraestructura cumple con las condiciones de seguridad y de salubridad y que, por tanto, no están dispuestos a intervenir. Ahora, con la negativa de la empresa encima de la mesa del Consistorio ilicitano, el equipo de gobierno va a desestimar las alegaciones de la propiedad, al considerar, según el alcalde, Carlos González, que carecen de fundamento. Tras superar este trámite, y a menos que la propiedad dé marcha atrás en el último momento, el objetivo del Ejecutivo local es asumir el coste del cambio del vallado, y después pasarle la factura a la propiedad.
De este modo, la idea es intervenir de manera subsidiaria, tal y como ya hizo el pasado verano, cuando tuvo que adelantar el dinero para reparar el socavón que había junto al hotel, y que tantas quejas había desatado. Lo mismo ocurre con el vallado instalado en el perímetro de la vieja estructura. Como ejemplo, en Semana Santa, las fuertes ráfagas de viento hicieron que se cayera más de una zona, lo que elevó el malestar vecinal y evidenció, además, el abandono del complejo hotelero. Fue cuando el Ayuntamiento elaboró un informe técnico que envió a la propiedad para obligarle a reforzar la seguridad y evitar el acceso al interior del edificio, además de los posibles daños personales.
De hecho, se han llegado a dar casos en los que, en días de temporal, ha caído algún que otro trozo de material de la vieja estructura a la vía pública, con sus pertinentes partes policiales dirigidos al Ayuntamiento. Ahora, la cercanía del verano ha empezado ya a impacientar a los vecinos de esta zona costera, por el consiguiente aumento de turistas y de visitantes.
Colectivos vecinales y el pedáneo, Alejandro García, han reclamado al equipo de gobierno medidas para garantizar la seguridad en los alrededores del hotel y para reducir el negativo impacto que producirá el esqueleto en primera línea del litoral ilicitano otra temporada estival más. De momento, ante las quejas por los mosquitos concentrados en la zona, la empresa de control de plagas que trabaja para el Ayuntamiento ya se ha visto obligada a intervenir en más de una ocasión, ante la petición de los residentes.
Marcha atrás
Los problemas estéticos que genera la estructura a pie de playa se unen a la sensación de inseguridad que hay junto a las ruinas. Más si cabe después de que la propiedad del hotel, en marzo del pasado año, pidiera permiso para derribar la parte antigua del inmueble alegando «un gran sentido de la responsabilidad», y asegurando que podía haber riesgo para las personas. Fuentes de la empresa temieron entonces que cualquier niño podría entrar jugando y podría haber un accidente por la situación de precariedad existente. Sin embargo, tras superar un complejo proceso burocrático para lograr los permisos, que se alargaron, además, por la necesidad de actualizar el plan para retirar el fibrocemento de la zona, la propiedad dio marcha atrás. Esa decisión coincidió con la resolución de la Dirección General de Costas que, después de paralizar las obras de reconstrucción del edificio, declaró que los trabajos realizados incrementaron el tamaño de la construcción inicial y, por tanto, eran ilegales.
La situación desembocó en un nuevo recurso de la propiedad ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno central. Tras este nuevo paso en los tribunales, los dueños optaron por recular en la demolición y esperar a que hubiera una resolución juridicial. La última de las novedades la marcó hace unas semanas la desconcertante oferta que ha recibido ahora la empresa por parte de un complejo internacional para comprar el hotel, cuyo futuro es incierto.
