Resistiéndose a abandonar Los Palmerales. La oposición de vecinos del barrio a salir de los bloques más deteriorados ha frenado los planes del Consell para rehabilitar viviendas sin condiciones de habitabilidad. Después de aprobar una inversión de 18 millones de euros para adecuar pisos sociales de Elche, Alicante y Alcoy, con la intención de comenzar a principios de año con las intervenciones, de momento, no hay ningún movimiento.
La Generalitat Valenciana remitió hace casi un año a los residentes de la calle Llimoner órdenes de desalojo para tratar de normalizar la situación de los vecinos del parque inmobiliario de la Administración autonómica y, sobre todo, para acabar con las ocupaciones ilegales, que durante años han venido castigando esta barriada de Elche.
Sin embargo, después de todo un largo proceso para poner en regla los contratos de alquiler de los residentes de dos bloques, no ha ocurrido lo mismo con los ocupantes de los otros dos inmuebles. Y es que una treintena de familias han presentado un recurso contra la orden de desahucio dictada por el Consell, según apuntaron desde el Ayuntamiento de Elche y desde la propia asociación de vecinos de Los Palmerales.
La solución que les había dado la Generalitat a los ocupantes que residen de manera ilegal fue que deberían abandonar las viviendas y solicitar, si se encuentran en situación de vulnerabilidad, una posible solución habitacional a través del Registro de Demandantes, tal y como establece la Ley por la Función Social de la Vivienda.
Sin embargo, ese desalojo no se ha producido. Mientras tanto, la degradación que sufren parte de los inmuebles salpicados por las ocupaciones ilegales continúa siendo más que evidente. El pasado año informes policiales alertaron de la peligrosidad de algunos de los pisos, sobre todo por los enganches irregulares del suministro eléctrico y del agua, lo que obligó a cortar la luz, incluso. De hecho, después de realizar el pasado otoño la Administración autonómica inspecciones en la zona para analizar el estado del edificio, también se llegó incluso a barajar la posibilidad de tirar abajo los inmuebles más conflictivos.
No obstante, a finales de diciembre, la Conselleria de Vivienda aprobó una inversión de 18 millones de euros para iniciar en enero las obras de rehabilitación de sus bloques de viviendas sociales de la provincia de Alicante, entre ellos los de Los Palmerales. Las actuaciones que se contemplaban en estas Áreas de Regeneración Urbana (ARRU) integraban diferentes obras, desde la reparación de viviendas, hasta la adecuación de zaguanes y elementos comunes, instalaciones eléctricas y de agua, mejora de accesibilidad y alumbrado, y adecuación de los espacios públicos. Algo de lo que, por ahora, no hay noticias en Elche.
Lo que, por otro lado, acaba de autorizar el Consell, a través de la Dirección General de Inclusión Social de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, es el apoyo económico al desarrollo de un programa intervención sociocomunitaria en barrios inclusivos. Concretamente, ha elegido a doce ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, entre los que se encuentra el de Elche, para intervenir en Los Palmerales, tal y como aseguraron desde la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Tere Maciá.
La línea nominativa incluye más de 58.000 euros de presupuesto para este 2018, destinada a la contratación de profesionales de la intervención comunitaria. El verano pasado, el Ayuntamiento inició un trabajo de mediación en el barrio, sobre todo en la calle Llimoner, donde se crearon comunidades de vecinos, con el objetivo de reforzar los hábitos de convivencia y la cohesión social.
Durante el ejercicio pasado, la Conselleria de Bienestar Social, en colaboración con el Consistorio ilicitano, también realizó trabajos de adecuación en zonas comunes de dos edificios para dejar los bajos diáfanos. Para ello, se invirtieron 80.000 euros y se retiraron más de 160 toneladas de escombros y todo tipo de basuras.
Por otro lado, los vecinos que pidieron regularizar su situación para poder quedarse en las viviendas tuvieron que acreditar su situación de vulnerabilidad y también el tiempo de residencia en las viviendas del barrio ilicitano. También se tuvo en cuenta si eran familias numerosas, con hijos menores o víctimas de violencia de género.
